La Fiscalía del Estado de Guerrero abrió una carpeta de investigación por corrupción de personas menores de edad después de que la Policía Comunitaria del municipio José Joaquín de Herrera entregó armas a niños y niñas para defenderse de la violencia.
En días pasados, un total de 20 menores de edad recibieron armas y tomaron protesta como miembros de un grupo de autodefensa contra el crimen y la violencia en su comunidad.
Fiscalía de Guerrero investigará a Policía Comunitaria indígena
Ante los hechos ocurridos en la comunidad indígena Ayahualtempa, del municipio José Joaquín de Herrera, la FGE informó que tiene conocimiento de las acciones de “un grupo identificado como ‘Policías Comunitarios’”.
Con el objetivo de garantizar la integridad física, psicológica y emocional de menores de edad, la FGE inició las indagatorias correspondientes contra quien o quienes resulten responsables.
La Fiscalía indicó que colaborará con las autoridades estatales y federales para acciones de prevención del delito en la región y concientización de los pobladores sobre los derechos de niños y adolescentes.
En su comunicado, la FGE sostuvo que se brinda seguridad y protección a los habitantes de Ayahualtempa mediante una Base de Operaciones Mixtas que se mantiene de forma permanente en la zona.
Por su parte, el secretario de Gobierno de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, advirtió que procederán penalmente contra las personas que resulten responsables por incorporar a los menores de edad en un cuerpo de autodefensa.
“Nosotros vamos a presentar las denuncias correspondientes, nadie puede atentar contra los derechos de los niños; no se puede hacer eso. Armar a los niños no es una estrategia adecuada”, reclamó.
Arman a niños y niñas en Guerrero
El pasado miércoles 24 de enero 20 menores de edad tomaron protesta como integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria-Pueblos Fundadores(CRAC-PF), a quienes “armaron” para proteger su comunidad.
Cinco niñas y 15 varones de entre 11 y 15 años de edad recibieron armas para defenderse de la inseguridad así como capacitación para el manejo de armas como rifles calibre 22; escopetas de calibres 20, 16 y 410, así como pistolas.
Los jóvenes de 18 años de edad y mayores fueron integrados a un grupo de búsqueda de una familia indígena desaparecida desde el pasado 19 de enero.
Los menores de edad rindieron protesta como miembros de la policía comunitaria en una asamblea ante mil asistentes de origen nahua.
En la misma asamblea se exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Evelyn Salgado, que ayuden a localizar de la familia indígena.
La familia está conformada por Cecilia Gaspar Hernández de 50 años de edad, su esposo José Teodoro Domingo Ortiz, de 52, y sus hijos Roberto y Gaudencio, de 30 y 22 años.
Presuntamente, la familia fue secuestrada en el punto conocido como Zacatepec, donde pastoreaban su ganado.
Previo a la presentación de los menores, la comunidad afirmó que la actuación de su policía es legal por lo que exigieron respeto a sus actividades y que ninguna autoridad los reprima.
“La ley reconoce su función como actos de autoridad, tenemos el aval de nuestras comunidades y de diferentes leyes y tratados entre los que destacan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Ley 701 de Derecho y Cultura Indígena, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero así como el Convenio, 169, de la OIT”.
Esta no es la primera vez que menores de edad son integrados a la Policía Comunitaria; en 2019 se incorporaron 19 niños, y otro grupo en 2020 que después se desincorporaron en 2022.
En esa ocasión, los niños y niñas dejaron la Policía Comunitaria porque funcionarios del Gobierno federal y estatal prometieron brindar seguridad con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Policía Estatal.
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