CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa y activistas peregrinaron ayer a la Basílica de Guadalupe para pedir a la Virgen justicia y denunciar la impunidad del caso, pese a las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los miles de manifestantes marcharon durante “La 111a. Acción Global por Ayotzinapa” por algunas de las principales calles de Ciudad de México, donde portaban una gran manta roja con la palabra “Impunidad”, mientras gritaban “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
“A la fecha se tiene la esperanza de que vuelvan, de que regresen los 43 compañeros con su familia”, dijo uno de los portavoces de la marcha a través de un altavoz, mientras los participantes portaban fotografías de los desaparecidos.
La marcha ocurre tras cumplirse, el 26 de septiembre pasado, 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Guerrero en 2014, un caso que sigue sin resolverse.
El aniversario se dio en medio de tensión con el Gobierno, pues las familias piden que el Ejército entregue información que todavía no ha remitido a la Fiscalía General de la República (FGR), pero el presidente López Obrador ha defendido a las Fuerzas Armadas, lo que ha creado roces con los activistas.
Petición
Al llegar a la Basílica, el obispo Raúl Vera, conocido por ser defensor de los derechos humanos, ofició una misa, en la que pidió a los quejosos “ser valientes” y “no cansarse de luchar”
“Son personas que están buscando un México distinto, de paz, no de desigualdad”, manifestó.
La resolución del caso Ayotzinapa es uno de los grandes pendientes del sexenio del presidente López Obrador, quien ha reconocido que es una de sus promesas incumplidas, pese a defender los avances en la investigación.
De un vistazo
“Crimen de Estado”
La Comisión de la Verdad del gobierno federal reconoció el año pasado que el hecho fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles de gobierno, incluyendo al Ejército, en complicidad con el crimen organizado.
Aumenta la polémica
La polémica creció este año tras la salida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de denunciar obstrucciones de las Fuerzas Armadas en la investigación por el rol que tuvieron los militares y ante la poca cooperación de las instancias federales para resolver el caso.