Los diputados locales Roger Torres Peniche, del PAN, y Gaspar Quintal Parra, del PRI, consideran que es un duro golpe a las finanzas de los ayuntamientos del país y de Yucatán la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP).
Torres Peniche anticipa que los ayuntamientos de todo el país recibirán menos del 50% del DAP mediante una cuota fija.
Además, no habrá ningún estímulo para el ahorro de energía eléctrica mediante la modernización de las lámparas tipo led para el reemplazo de aquellas con desperfectos o para ampliar el servicio a todos los rincones de las comunidades, porque habrá menos dinero para este servicio.
Alto costo, menos luz y menos seguridad
Quintal Parra afirma que esta sentencia de la máxima autoridad judicial debilitará las finanzas municipales, los ayuntamientos tendrán una carga insostenible y pone en riesgo la iluminación pública de las calles y los espacios públicos y, por ende, a la seguridad de todos los municipios.
Ambos diputados de oposición coinciden que es otro golpe a la autonomía económica de los ayuntamientos, pues recuerdan que la Federación también redujo los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las participaciones federales, entre otros recortes de dinero público.
El Diario publicó en mayo pasado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el cobro del DAP en 16 municipios de Yucatán como cuota fija, pero invalidó el esquema de tarifa máxima que equivale a un porcentaje de consumo particular de energía eléctrica.
La sentencia inatacable fue resultado de una acción de inconstitucionalidad (la controversia 26/2026) que promovió la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, que cuestionó el DAP porque establecía un impuesto al consumo de energía eléctrica reservado a la competencia de la federación.
Al respecto, Torres Peniche dice que una vez más el gobierno federal le da un machetazo a las finanzas de los ayuntamientos no solo de Yucatán, sino del país, ya que declaró inconstitucional que el cobro de este derecho sea por cuota fija y no por el porcentaje del consumo eléctrico.
“Los ayuntamientos recibirán menos dinero. El DAP representaba el 3%, 5% y hasta el 8% de los ingresos municipales, pero ahora lo reducirán a la mitad”, señala.
“Es el resultado cuando el gobierno tiene el control político y legal. Estamos viviendo en carne propia el sometimiento de ministros, jueces y magistrados y así lo viviremos en adelante. Por estas razones las calificadoras internacionales bajaron la calificación de México y no vienen los inversionistas grandes”.
También destaca que con este esquema de cuota fija de nada servirán los esfuerzos de los ayuntamientos por ahorrar energía y gasto con lámparas de tecnología avanzada, porque no se reflejará en el DAP.
Incluso los ayuntamientos tendrán mayores problemas para cumplir la obligación de dotar de alumbrado público a la población.
“Este duro golpe a las finanzas municipales se suma a las reducciones en el FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social) y las participaciones federales”, recuerda.
“Lo paradójico de esta resolución es que los usuarios del servicio eléctrico pagaremos lo mismo, pero ese dinero no será canalizado a los ayuntamientos vía participaciones federales”.
Inseguridad en Yucatán
El diputado panista hace un rápido recuento de la inseguridad creciente en Yucatán, donde en la última semana se han visto varios feminicidios o intentos, como el ocurrido en el fraccionamiento Las Américas de Mérida.
Hay constantes apagones de luz, protestas por la falta de suministro de agua potable, entre otros hechos que no ocurrían antes y ahora en 19 meses del gobierno morenista en Yucatán y siete del gobierno federal se reflejan en crisis por el gobierno autoritario de Morena, agrega.
Quintal Parra subraya que la reciente acción de inconstitucionalidad promovida por el Ejecutivo Federal en contra de las leyes de ingresos de diversos municipios de Yucatán por el cobro del (DAP) no es un acto de justicia ciudadana, sino una burda maniobra política y una cortina de humo.
El priista indica que el gobierno federal intenta fabricar el espejismo de que está actuando para bajar el costo de los recibos de luz, cuando la realidad que viven las familias yucatecas es completamente distinta.
Engaño a los yucatecos
Ante esta embestida contra los municipios yucatecos puntualiza lo siguiente:
El engaño de las tarifas: “Quieren hacerle creer a la gente que con esto pagarán menos, pero es una farsa para ocultar que la energía eléctrica que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sigue siendo igual de cara y abusiva para el bolsillo de los yucatecos”.
Un servicio de tercera: “Nos exigen a los municipios ajustar cobros mientras la CFE ofrece un servicio pésimo y deficiente. Cada día son más frecuentes los apagones en nuestro estado. Nos están llevando a una crisis de infraestructura eléctrica que ya parece sacada de la realidad que viven en Cuba o Venezuela”.
Asfixia financiera a los municipios: “Este es un golpe directo y premeditado contra la economía municipal. El gobierno federal de Morena primero les recorta participaciones y recursos a los alcaldes, y ahora les arrebata y complica los mecanismos para costear el alumbrado público”.
“Esta acción representa una carga insostenible para las ya debilitadas finanzas de los ayuntamientos, poniendo en riesgo la iluminación y, por ende, la seguridad en las calles de nuestros municipios”.
“Esta controversia es la muestra más clara de cómo gobierna Morena. Engaña al pueblo con falsas victorias y perjudica sistemáticamente a los ayuntamientos, que son la autoridad de primer contacto con la ciudadanía. Desde nuestra trinchera cerramos filas con los alcaldes de los municipios afectados”, recalca.
“No permitiremos que, bajo el disfraz de la defensa del consumidor, el gobierno federal siga desmantelando la capacidad de los ayuntamientos para brindar los servicios públicos que las familias yucatecas merecen”, advierte.