La sentencia de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia contra la nueva Ley del Isstey beneficiará a más de 40,000 trabajadores estatales de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, informó la abogada Luisa Inés Martín Puc, secretaria general del Sindicato Progresista de los Trabajadores del Poder Judicial del Estado, una de las agrupaciones que impulsó el recurso legal ante la máxima instancia jurídica de país.
No dudó en reiterar que esta sentencia inatacable de la Corte demuestra que los diputados locales afines al gobierno del Estado aprobaron una ley injusta y perjudicial para muchos trabajadores del magisterio y de los tres poderes del Estado.
Incluso, la abogada Martín Puc consideró que en parte de la derrota del PAN en Yucatán en la elección del domingo pasado fue por la promulgación de estas reformas a la Ley del Isstey porque perjudicó a 40,000 servidores públicos y seguramente ellos y sus familiares votaron contra ese partido.
La lideresa afirmó que el sindicato que dirige fue el único de los tres poderes del Estado que alzó la voz.
Sentencia beneficia a miles
Indicó que un punto importante de esta sentencia es que nulificó el artículo que disponía una cotización de 35 años para la jubilación y la regresó a como estaba en la ley anterior: 30 años de cotización para el retiro.
“Primero que nada, el sindicato progresista fue una de las agrupaciones que presentó la acción de inconstitucional ante la Codhey”, recordó.
“Viajamos a la Ciudad de México para presentar la solicitud ante la CNDH y ambas promovieron la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Como era la misma ley impugnada y que iban a resolver, los ministros acumularon los dos expedientes en uno y ayer lo declararon inconstitucional. Era algo que se esperaba porque desde que empezó la lucha contra la modificación de la ley del Isstey estuvimos en contra porque era inconstitucional”.
“Cuando lo aprobaron los diputados locales y se publicó en el Diario Oficial el mismo día 21 de julio de 2022 iniciamos esta lucha jurídica”, señaló.
“Los diputados y el gobierno recurrieron al fast track para que no hiciéramos nada, pero hoy esta lucha rinde frutos y se demuestra que fue una reforma injusta y lesiva. Estamos satisfechos del fallo de la Corte. Desde el principio manifestamos que era inconstitucional lo que aprobaron los diputados afines al gobierno del estado”.
La abogada Martín Puc dijo que esta sentencia de la Corte es la última instancia jurídica en el país, por lo que es una orden judicial que tienen que cumplir los poderes Judicial y Ejecutivo actuales.
Explicó que la Corte mandará su resolución al Congreso del Estado para que estén enterados y los legisladores locales tendrán que derogar los artículos señalados como inconstitucionales. Es una sentencia firme que se tendrá que traducir en un documento judicial, se va a engrosar (pasar en limpio) los criterios de los ministros y la notificación especificará lo que tiene que respetar el Congreso del Estado y darle cumplimiento el gobierno del Estado.
Esperarán el ingreso de la nueva administración
“Consideramos que fue justa esta sentencia y se hizo justicia para los derechohabientes del Isstey”, dijo. “Cuando entramos a trabajar hace años lo hicimos bajo un régimen de una ley del Isstey y no era justo que una legislatura saliente nos modifique nuestro esquema de trabajo y de jubilación y pensiones. Nos incrementaron los años de servicios, aumentaron la cuota de cotización de 8% a 15% quincenal, se perdió el derecho a la cesantía con la nueva ley. La verdad los ministros hicieron justicia, pero la lucha sigue porque hay puntos que no entraron en esta sentencia de inconstitucionalidad”.
La dirigente sindical anticipó que los trabajadores estatales continuarán con la lucha hasta que logren abrogar toda la nueva ley del Isstey porque hubo puntos que no entraron en la demanda ante la Corte, como por ejemplo, el aumento de la cotización de 8 al 15% y la pérdida de la jubilación por cesantía.
Ya no pueden promover otro juicio de inconstitucionalidad, pero esperarán que el nuevo gobierno del Estado (que encabezará Joaquín Díaz Mena, de Morena-PT-PVEM, asuma la administración estatal para que de nuevo se unan nuevamente las organizaciones y presenten un proyecto que derogue la ley del Isstey vilista. Esta nueva propuesta que presentarán al nuevo gobierno estará enfocado al beneficio de los derechohabientes de los tres poderes del Estado.
Seguirán luchando
Luisa Inés Martín Puc, secretaria general del Sindicato Progresista de los Trabajadores del Poder Judicial del Estado, anticipó que los trabajadores estatales continuarán con la lucha hasta que logren abrogar toda la nueva ley del Isstey, porque hubo puntos que no entraron en la demanda ante la Corte, como por ejemplo, el aumento de la cotización de 8 al 15% y la pérdida de la jubilación por cesantía.
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