El senador de la república por Yucatán, Jorge Carlos Ramírez Marín, del partido Verde Ecologista, consideró que la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no vulnera la autonomía ni la libertad de decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sino que corrige la administración de los fideicomisos de este poder.
El Senado de la República aprobó anteanoche por mayoría, 68 votos a favor y 48 en contra, las reformas que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador que extinguió los 13 fideicomisos que acumulaban más de 15,000 millones de pesos.
Los tres senadores de Yucatán: Ramírez Marín, del PVEM; Verónica Camino Farjat y Raúl Paz Alonzo, ambos de Morena, votaron a favor de la desaparición de los fideicomisos, que presuntamente afecta a miles de trabajadores del país.
Se pidió la opinión de los senadores Ramírez Marín y Verónica Camino, pero sólo respondió el primero a las tres preguntas formuladas para ambos. Las preguntas fueron:
- ¿Por qué votó en ese sentido?, ¿Valoró la petición del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán que solicitó que votaran en contra porque afecta a los miles de trabajadores y debilita al Poder Judicial federal? y ¿No fueron suficientes los argumentos de los empresarios y de la exministra Olga Sánchez Cordero para votar en contra?.
Ramírez Marín respondió: “Claro siempre es valorada la opinión del sector privado en cualquiera de sus representaciones. Acudiré con gusto (a explicar el motivo de su voto) si me invitan como siempre lo he hecho. Fue un debate lleno de medias verdades pero por desgracia, cargado de intención electoral”.
“Se trata de un asunto que no vulnera ni la autonomía ni la libertad de decisión de la Corte. Sin diálogo, por desgracia, y quizá de la manera menos política se corrige un problema relevante para nuestro máximo tribunal. Son conocidas y reconocidas las quejas sobre la administración de fondos y de transparencia a través de estos fideicomisos entre otros mecanismos. Quedan a salvo, como se menciona en el propio decreto, y lo que cambia es el pagador, en lugar que sea vía fideicomiso será por la vía presupuestal”.
“No cabe duda que no es ideal que sea el legislativo o el ejecutivo los que corrijan a otro poder, tampoco es nuevo como lo ha hecho la Corte incluso en disposiciones internas de las Cámaras (de Diputados y Senadores)”.
Insiste: “No hay tal vulneración”
Respecto a la argumentación de la ex ministra de la Suprema Corte (Olga) Sánchez Cordero (senadora por Morena), que se opuso y votó en contra de las reformas, el legislador yucateco dijo que fue básicamente política para defender que no sean otros poderes los que corrijan al judicial y que se respete la división de poderes.
“No hay tal vulneración. Repito los ejemplos de la respuesta anterior. Cuando un poder actúa dentro de sus atribuciones no hay traspase de soberanía, puede decirse que falta de cortesía, que no se cumple con el elemental diálogo que debe haber entre poderes, lo cual es más que evidente pero no ilegal”, explicó Ramírez Marín.
“El decreto será judicializado, habrá seguro una acción de inconstitucionalidad que resolverá… La Corte. Eso por lo menos puede llevar a que lo que se pretende corregir y se corrija. Sea el Congreso o sea la Corte se corrija.
La senadora Verónica Camino recibió las mismas preguntas por medio de su vocera de prensa a las 11:31 del día y hasta las 5:40 de la tarde no había respondido, aunque sí envió un boletín y fotografías sobre una asamblea informativa que tuvo en el municipio de Tunkás.
Raúl Paz Alonzo da su versión
Por su parte, Raúl Paz Alonzo dijo que votó a favor de la desaparición pues “si el Poder Judicial requiere de recursos extra para pensiones, compensaciones a sus trabajadores y mejora de infraestructura o cualquier rubro, debe hacer esas solicitudes de manera abierta y transparente cada año en su presupuesto. No estar generando “guardaditos discrecionales”.
Además señaló que votó a favor por considerar que no hay violación a la división de poderes con la extinción de los fideicomisos, pues desde la fundación de la República y las constituciones de 1857 a la fecha, siempre ha quedado muy claro que los temas presupuestales son competencia exclusiva del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados en específico.
“Crear fideicomisos con excedentes, ahorros o subejercicios para luego disponer de ellos fuera de lo aprobado en el presupuesto anual es una violación a esa decisión fundamental en la institucionalidad de la Nación”, afirmó.
Señaló que, los fideicomisos del Poder Judicial son la verdadera violación a la Constitución, pues permiten que lo que se aprueba en el presupuesto sea simple simulación, los recursos se piden para una cosa y terminan destinados a otra.
“Un buen gobierno es un gobierno que habla con la verdad, de forma clara y directa, como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador; es un gobierno que cuando crea fideicomisos, como el fideicomiso del Tren Maya, deja muy pero muy claro para qué servirán los recursos, cada peso del pueblo mexicano, sin simular presupuestos anuales para luego desviarlos a otros rubros”, indicó.
En su opinión, ese no es el caso de los fideicomisos del Poder Judicial, pues son fideicomisos opacos, son demasiados, parecen ayudar a los trabajadores de base, pero en realidad le dan la tajada más grande del pastel a los privilegiados, a la realeza, a la aristocracia del poder judicial, a los Ministros, a sus asesores y a sus magistrados favoritos, esa es la verdad.
“Así, no dejemos que mal interpreten la Constitución para beneficiar a la aristocracia del Poder Judicial; la asignación de recursos del presupuesto es algo que desde la fundación del país y la división de poderes quedó claro que es facultad del Poder Legislativo”, reiteró.
También insistió en que, si el Poder Judicial necesita más recursos para sus trabajadores o funcionamiento, que los pida año con años con base en su soberanía e independencia y que el pueblo representado en las cámaras decida si se otorgan, eso dice la Constitución desde siempre, pero pedir recursos para luego canalizarlos a fideicomisos que escapan al control presupuestal que la Constitución le da al Congreso, eso es violentar la constitucionalidad y la base de fundación de la República.— Joaquín Chan Caamal y DAVID DOMÍNGUEZ MASSA
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