Abrazo a Loret y Víctor en tiempo de canallas
Claudia Sheinbaum se encuentra en un incómodo interregno. Es la candidata vencedora, con un apoyo enorme, pero no se le ha entregado su constancia de mayoría.
El Tribunal Electoral primero debe recibir las impugnaciones y resolverlas. A más tardar el 6 de septiembre deberá pronunciarse. Pero la Sala Superior está incompleta para ese acto. La Ley Orgánica del PJF, establece que se necesitan seis magistrados. Deberían ser siete, inexplicablemente, hay sólo cinco.
El Senado no acató su obligación. ¿Por qué? Es extraño, sospechoso. En una sesión de periodo extraordinario, podría sacar los nombramientos. Pero nada indica que lo harán. El protocolo —Ley Orgánica del PJF— para la selección entre magistrados electorales de los faltantes, es ambiguo, pero hay un protocolo. Es una situación extraordinaria.
En el largo interregno de Sheinbaum —tres meses— AMLO se está aprovechando de ella para garantizar lo que él considera la culminación de su etapa: Reformar al Poder Judicial promoviendo la elección de los juzgadores, una locura. La prensa internacional no ha cejado en señalar el tamaño de la conmoción nacional que esto supondría. Los mercados han dado coletazos. Pero nada, va porque va.
En la mejor lógica de poder, Sheinbaum debería cobrar distancia para establecer su propio rumbo. Pero AMLO, imparable exhibe su control: un imprudente y ostentoso beso, giras impuestas y serias restricciones a la selección de sus colaboradores. Parafraseando a Maquiavelo, Sheinbaum es la princesa “encorsetada”.
Algunas de sus primeras designaciones dieron un respiro, pero sólo eso. La bomba de tiempo sigue sonando. Si aprueban la elección de juzgadores, el cisma cancelará un buen desempeño de la próxima gestión. En un mundo global, el anclaje principal de la certidumbre para invertir es la impartición de justicia. Se pensó que dejar incompleta la Sala Superior y mantener en jaque la calificación era una acción perversa por si ganaba la oposición.
José Elías Moreno Apis publicó el 3 de mayo en estas páginas, un revelador material: qué ocurriría si no se da la calificación. La Constitución es muy clara. Primer paso, el presidente del Senado —todo indica que será Adán Augusto López, un incondicional de AMLO— sería presidente provisional. Después el Congreso de la Unión —donde otro incondicional será el mandamás, Ricardo Monreal— convocaría a nuevas elecciones en un plazo no mayor de 60 días. Gobernaría entre siete y nueve meses y puede ser cualquier persona que no haya sido presidente. Se organiza la elección y otro presidente. Es claro cuál es el grupo hegemónico tras el hombre que manda.
Conclusión de Pepe, “hay la posibilidad de que la nueva presidenta no sea aquella que eligió la mayoría ciudadana sino (alguien) a quién eligió la mayoría congresional. Es decir, que lo decida el dueño del nuevo Congreso de la Unión…” ¿Alguna duda?
Suena paranoico, pero algo muy patológico, ronda desde hace seis años. Por qué no nombrar a los magistrados faltantes. Por qué exhibir la dependencia y cercanía obligada de la nueva presidenta. Por qué mantenerla en un limbo en el que cualquier pequeña discrepancia, sería suficiente para señalar deslealtad con el líder autoerigido. Encorsetada, con una gestión preñada de insensateces de las cuales el Poder Judicial electo sería irreparable, AMLO podría estar encaminando todo a una continuación de su control a la mala.
La palabra lealtad goza de muy buena fama. Pero hay de lealtades a lealtades. Esta gestión hizo público ese requisito, lealtad al líder autodesignado. Pero hay un problema, la Constitución establece otra lealtad: “Protesto guardar y hacer guardar la Cpeum y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido,…” Art 87. Qué ocurre cuando la lealtad personal impide mirar “…en todo momento por el bien y prosperidad de la Unión…”.— Ciudad de México.
Investigador y analista