Soy ferrocarrilero de toda la vida y mucho me gustaría ver el renacimiento de los trenes de pasajeros en todo México, con un verdadero sentido social y económico.

El transporte de pasajeros interurbano por ferrocarril tiene en México un gran potencial, siempre que se construyan nuevas vías exclusivas y confinadas. Las vías existentes en el país por sus características no tienen capacidad para operar simultáneamente servicios de carga eficientes y al mismo tiempo operar trenes de pasajeros en un número suficiente para garantizar una oferta que permita atender grandes demandas, a velocidades adecuadas, con elevada calidad de servicio, alta frecuencia y tarifas competitivas.

La mayor parte de la red ferroviaria en México es de vía única, lo que restringe considerablemente el número de trenes en circulación.

Si se aspira a un sistema ferroviario de pasajeros con una oferta suficiente y competitiva, habrá que construir una extensa red de vía doble, de lo contrario se obstaculizaría severamente la capacidad y la calidad de los servicios actuales en trenes de mercancías, que actualmente explotan los concesionarios privados con gran eficiencia, productividad y rentabilidad.

Desde hace cerca de 25 años, los empresarios particulares que operan servicios de carga han realizado importanes inversiones en infraestructra y equipos, obtienen utilidades, pagan impuestos y no requieren de subsidios como en el pasado. Ello les ha permitido un crecimiento que ha superado al de la economía en su conjunto y al del autotransporte, mejorando la participación del ferrocarril en el mercado nacional de transporte terrestre de mercancías medido en toneladas-kilómetro.

El pasado 20 de noviembre de 2023 el gobierno publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se declara área prioritaria para el desarrollo nacional la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros.

El documento establece las primeras siete líneas que se concesionarán, seis de ellas correrían sobre vías que actualmente son explotadas por particulares bajo concesiones para transporte de carga.

El plan de transporte ferroviario de pasajeros contempla las siguientes líneas: una ruta hacia El Bajío desde la capital de la República hasta Aguascalientes; otra al noreste, desde México hasta Nuevo Laredo pasando por San Luis Potosí y Monterrey; hacia el sureste, entre la ciudad de México, con dirección a Veracruz y luego hasta Coatzacoalcos; rumbo al norte, de Aguascalientes hasta Torreón y Chihuahua, para llegar a la frontera de Ciudad Juárez; a la costa del Pacífico, desde Irapuato hasta Manzanillo por Guadalajara y Colima; por la costa del noroeste desde Guadalajara hasta la frontera de Nogales, por Tepic, Culiacán y Hermosillo; y por último el tramo del aeropuerto Felipe Ángeles a Pachuca.

Según el decreto de referencia, los concesionarios actuales del servicio público de transporte ferroviario de carga serán los primeros en ser invitados para presentar los proyectos para la implantación de los servicios mencionados de trenes de pasajeros, dentro de las vías generales de comunicación ferroviaria que les fueron otorgadas en concesión para el tráfico de mercancías.

Se precisa que los interesados deberán entregar sus propuestas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a más tardar el 15 de enero de 2024. De no plantear soluciones viables, los servicios podrán concesionarse a otras empresas privadas o bien asignarse a alguna de las empresas de transporte que ya administran o están por administrar las fuerzas armadas del país.

En principio, el tiempo establecido para presentar al gobierno propuestas serias y realistas es insuficiente, con independencia de que en mi opinión, ninguna de las empresas privadas concesionarias del servicio de carga estará interesada en prestar servicios de pasajeros en las redes a su cargo, de no ser en las líneas de muy baja utilización en las que muy probablemente no habrá suficiente demanda para su justificación.

Tampoco estarán dispuestas a realizar las obras requeridas para ampliar considerablemente su capacidad. Las inversiones en infraestructura por su alto costo y larga vida útil para los nuevos servicios de pasajeros deberán forzosamente sufragarse con recursos del gobierno.

En suma, los empresarios privados no tendrán ningún interés ni en su construcción y muy probablemente ni en su operación, que no es rentable financieramente y necesariamente deberá ser subsidiada.

Considero que de prosperar el proyecto de establecer nuevas rutas de pasajeros sobre las líneas concesionadas a particulares, y obligar a éstos a compartir sus derechos con militares u otros privados, se correrá el riesgo de que los servicios de los trenes de carga comiencen a tener fuertes demoras, pierdan competitividad frente al autotransporte, aumente el congestionamiento de las carreteras y se incrementen los costos de transporte de insumos y productos, en particular de los bienes de importación y exportación, que actualmente significan una proporción significativa de la demanda de movilización por vía férrea.

Por tal motivo, para establecer los nuevos servicios en la modalidad de transporte regular interurbano de pasajeros a los que se refiere el decreto del 20 de noviembre de 2023, habrá que contemplar su prestación con trenes rápidos sobre infraestructura de vía doble independiente y confinada en corredores de alta demanda, aprovechando de ser posible los derechos de vía existentes.

Invariablemente los proyectos deberán garantizar su rentabilidad económica y social, así como demostrar su viabilidad técnica y contemplar tarifas competitivas frente al autotransporte, con inversiones y gastos subsidiados por el gobierno, que aseguren la factibilidad financiera para las empresas privadas o paraestatales.

El país tiene que asegurarse que los distintos modos de transporte operen coordinadamente con las mayores eficiencias del conjunto. Lo que el gobierno no debe hacer es impulsar medidas unilaterales en beneficio del transporte de personas por vía férrea, por prioritario que se le considere desde el punto de vista social, sin medir las consecuencias negativas en el transporte de mercancías con quien compartiría la misma infraestructura y que tiene igual o mayor importancia, así como naturaleza económica estratégica.

Ante la probable negativa de los concesionarios privados del transporte ferroviario de carga a participar en los términos propuestos por el gobierno, e independientemente de los amparos que seguramente se interpondrán, es de esperarse como se ha anticipado, se recurrirá a la asignación de los títulos de concesión a las fuerzas armadas, quienes aprovecharían los derechos de paso o arrastre contemplados en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. (Continuará).— Mérida, Yucatán.

Ingeniero, exfuncionario de los Ferrocarriles Nacionales de México, Ferrocarril Pacífico Norte, Ferromex y exdirector general de Planeación de la SCT

Noticias de Mérida, Yucatán, México y el Mundo, además de análisis y artículos editoriales, publicados en la edición impresa de Diario de Yucatán