Si tú crees que recortarle millones de pesos a la Suprema Corte mejorará la justicia para los pobres en México, estás equivocado. Si tú argumentas que los jueces liberan y amparan a criminales por culpa de Norma Piña, estás mal informado. Si tú piensas que estrangular presupuestalmente al Poder Judicial combatirá la corrupción y desmantelará privilegios, has caído en una trampa.
Por fe en López Obrador, o por la propaganda gubernamental has decidido dejarte seducir por “La Gran Mentira”. La creencia falsa de que eliminar las instituciones y los contrapesos de la democracia la hará más real, más verdadera, más representativa. Eso es otro embuste de los embusteros. Lo que conseguiría AMLO no sería bueno para el país y sus pobres. Sería bueno solo para su partido, para su corcholata destapada y para ese proceso de destrucción conocido como la “Cuarta Transformación”.
Cuando el ministro a modo, Arturo Zaldívar, presidía la Corte y archivaba los asuntos controvertidos, el Presidente se desvivía en elogios. Celebraba la reforma emprendida por Zaldívar e incluso trató de extender el periodo de su presidencia. Solo cuando no logró esa movida marrullera e inconstitucional empezaron los ataques. Sólo cuando el plagio de Yasmín Esquivel saboteó su arribo a la presidencia de la Corte, subió el tono de la crítica. Porque la llegada de Norma Piña entrañó una etapa de autonomía reforzada, de independencia desempolvada. Desde lo simbólico hasta lo sustantivo. Desde no ponerse de pie ante el Presidente hasta someter a votación los temas que AMLO ha perdido, como impedir que la Guardia Nacional pasara a manos de la Sedena.
AMLO no desea una Corte que defienda a la Constitución; quiere una Corte cortesana. No busca un Poder Judicial austero y autónomo; quiere un Poder Judicial sometido y suyo.
Por eso empezó una arremetida contra la Corte, tan deshonesta y delirante como la que se dio antes contra el INE. El tema de fondo no es la corrupción del Poder Judicial, ni las prebendas de sus miembros. Es el control político, es la cuarteadura de los contrapesos, es apropiarse de recursos que no son suyos para usarlos con fines poco claros, es afianzar al lopezobradorismo sin López Obrador. Y no niego los problemas profundos que arrastra el Poder Judicial, tan bien documentados por Julio Ríos en “El déficit meritocrático: Nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación”.
Pero no todo es culpa de Norma Piña ni de la Suprema Corte, como se ha hecho creer. Si un juez libera a un delincuente, no es necesariamente por corrupción sino por violaciones al debido proceso, o por la incompetencia de las fiscalías. Si un magistrado concede un amparo, no es irreductiblemente por otorgar protección política a quien lo solicita, sino por proteger un derecho constitucional. Detrás de cada decisión de un tribunal no está Norma Piña, buscando cómo enriquecerse. Está un entramado complejo, a veces corrompido, pero muchas veces desconocido por cualquier ciudadano.
Falta pedagogía pública sobre lo que significa la presunción de inocencia y por qué es fundamental protegerla en una democracia. Falta conocimiento sobre lo que constituye el debido proceso y cómo sus falencias llevan a la liberación de criminales. Falta comprensión sobre los fideicomisos de la Corte, para qué funcionan y por qué el Presidente no tiene derecho a saquearlos. Pero explicar todo ello sería tarea de un estadista y López Obrador dista de serlo. Es un político hábil, pero un político al fin, tan o más inescrupuloso que quienes han gobernado antes.
Si AMLO verdaderamente quisiera combatir la corrupción hubiera nombrado un fiscal general autónomo, y no uno que sólo persigue a los enemigos del gobierno, o se vuelve tapadera de trapacerías cuatroteístas. Si realmente buscara mejorar la justicia para los pobres, habría impulsado la transición a los juicios orales y no hubiera incrementado el catálogo de delitos que entrañan prisión preventiva oficiosa que ha a llevado al encarcelamiento de 300 personas al día; el crecimiento más rápido de la población penitenciaria en 15 años.
Pero como el objetivo no es mejorar la justicia cotidiana para los desposeídos, la rasurada patriótica al Poder Judicial no los beneficiaría. Lo que sí logrará es cerrar el número de juzgados y tribunales, reforzando la injusticia cotidiana. Lo que sí produciría es una bolsa de dinero para destinarla de manera discrecional a la compra de votos, o al Ejército o al sobrecosto del Tren Maya. Para los demás, habría otro embuste disfrazado de rasurada patriótica.— Ciudad de México.
Periodista