PGR deberá pagar a Jacinta

MÉXICO, D.F. (SUN).- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reparar el daño patrimonial y moral a la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, quien estuvo presa durante tres años por supuestamente secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

El Tribunal ordenó, con voto diferenciado, que la reparación económica del daño cubra el tiempo que la otomí no pudo trabajar y que la PGR entregue una cantidad adicional por daño moral, ya que durante su aprehensión se lesionó su honor, sentimientos, vida privada, decoro, reputación y aspecto físico.

Este órgano determinó también que la Procuraduría debe reconocer la inocencia de Jacinta otorgándole una disculpa pública, al menos en los mismos medios en los que se difundió la acusación en su contra.

Puede impugnar

La PGR puede impugnar esta decisión a través de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa.

Jacinta Francisco Marcial fue detenida en 2006, acusada de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), junto con Alberta Alcántara y Teresa González. Y tres años después fue liberada por el desistimiento de la Procuraduría General de la República.

Los magistrados emitieron ocho votos a favor y dos en contra de la ponencia y tesis elaboradas por la magistrada Nora Elizabeth Urby Genel y, consecuentemente, resolvieron que resultó infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento planteado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República; en tanto, Jacinta Francisco Marcial acreditó los extremos de su pretensión.

Se reservan montos

En la sesión, a la cual asistió Jacinta Francisco Marcial, acompañada de su abogado y de representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el presidente del Tribunal, Hallivis Pelayo, precisó que no se mencionarían los montos de la indemnización para efectos de cumplir con el Artículo 3, Fracción VI, y 13, Fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en beneficio de la mujer indígena.

Los abogados de la indígena otomí, integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, informaron que la PGR tiene 10 días a partir de la notificación del fallo para aceptar o impugnar la sentencia.




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