Diputados dan luz verde en lo general a reforma político-electoral

* Habrá reelección de legisladores federales; se crean el INE y FGR

MÉXICO (Notimex).- La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 409 votos en favor, 69 en contra y tres abstenciones, la minuta de la reforma constitucional en materia política-electoral, que establece la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE) y de la Fiscalía General de la República (FGR), que sustituirá a la PGR.

Asimismo avaló que la toma de posesión del Presidente de la República sea el 1 de octubre, el cambio de la fecha de las elecciones intermedias al primer domingo de junio a partir de los comicios de 2018, la posibilidad de conformar gobiernos de coalición y la reelección de legisladores federales hasta por 12 años.

La reforma aprobada incrementa de dos a tres el porcentaje de votación para mantener el registro como partido político, y establece la posibilidad de que el Presidente de la República opte por un gobierno de coalición.

Establece la reelección de diputados locales y de presidentes municipales, se crean dos fiscalías especializadas: una en materia de delitos electorales y otra de combate a la corrupción, y se otorga autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Además el INE estará integrado por un consejero presidente y 10 consejeros electorales, quienes entre sus nuevas facultades se encuentran la designación de los miembros de los organismos estatales electorales.

Con esta reforma se anulará una elección cuando haya rebase de tope de gastos de campaña o compra de propaganda en medios, siempre y cuando se determine que la falta fue ‘sistemática’ y ‘determinante’ para el resultado, esto es que entre el primero y segundo lugar haya una diferencia menor a cinco por ciento de los votos.

A las 14 horas inició la discusión de la minuta de la reforma política-electoral, con la presentación de cuatro mociones suspensivas para frenar el debate a cargo del mismo número de legisladores.

Las propuestas fueron de los diputados Carol Antonio Altamirano y Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Luisa María Alcalde Luján, del Movimiento Ciudadano, y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo (PT).

La minuta aprobada por el pleno establece que el mandatario que resulte electo en 2018 tendrá la posibilidad de gobernar en alianza con otras fuerzas políticas, así el Senado tendrá que ratificar a los integrantes del gabinete, excepto a los titulares de Defensa y Marina.

Sin embargo, aclara que el gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.

Asimismo acordó que a partir de 2018 los senadores puedan ser electos hasta por dos periodos consecutivos mientras los diputados federales hasta por cuatro periodos consecutivos.

Los integrantes del Palacio Legislativo de San Lázaro acordaron la desaparición de la Procuraduría General de la República (PGR) para crear la FGR, completamente autónoma del Poder Ejecutivo, la cual se auxiliará de las fiscalías en materia electoral y en materia de corrupción.

El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo federal por las causas graves que establezca la ley, pero se podrá objetar por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de Senadores.

También se determinó que sea la Cámara de Diputados quien apruebe el Plan Nacional de Desarrollo y que el Senado de la República haga lo propio con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Se creará el Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos consejeros serán seleccionados por una comisión integrada por representantes de la Cámara de Diputados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

No obstante, será la Cámara de Diputados la que designe a estos funcionarios y en caso de rebasar los tiempos establecidos por la Constitución los nombrará la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Además, se prevé que el nuevo organismo podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión.

Una de las facultades del INE será la de designar a los consejeros electorales estatales y será el responsable de los comicios en todo el país.

Empero se auxiliará de esos institutos, pero si detecta que en la entidad de la que se trate existe intromisión de los gobiernos o se generan condiciones de iniquidad podrá atraer la organización de ese proceso electoral.

Se fijó el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes cuando se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; se adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión; se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Empero, se aclaró que dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

En caso de nulidad de la elección se convocará a comicios extraordinarios en los que no podrá participar la persona sancionada.

También se acordó que el Congreso de la Unión expida las leyes generales que regulen a los partidos políticos nacionales, así como los procedimientos y delitos electorales, a más tardar el 30 de junio de 2014, así como las normas que establezcan las ‘sanciones aplicables a la promoción de denuncias frívolas’.

Se precisó que dichas denuncias serán ‘aquellas que se promuevan respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia’.

La minuta aprobada contempla que las constituciones de los estados tienen que establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un periodo adicional y siempre y cuando el periodo de mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años.

De igual manera, deja en claro que la reelección no será aplicable para aquellos diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de este decreto.

Por otra parte se determino que el Estado cuente con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el cual será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Los integrantes de este organismo serán designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, sin embargo el nombramiento podrá ser objetado.

Los diputados modificaron el Artículo 29 de la Constitución el cual señala ahora que solamente el presidente podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías.

Ello en caso de que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.

Pero podrá hacerlo con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviera reunido, por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona.




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