Largo historial de muertes en Texas

Motivo de roces entre gobiernos de EE.UU. y México

Protesta por la ejecución de José Medellín en Texas, en 2008

DALLAS (Notimex).- De los ocho mexicanos que han recibido la pena de muerte siete han sido ejecutados en Texas y sólo uno en Virginia.

Casi todas las ejecuciones anteriores han causado irritación y controversia en las relaciones entre México y Estados Unidos, al plasmar las diferentes visiones sobre el castigo capital en uno y otro de esos países.

México ha buscado siempre evitar las ejecuciones de sus ciudadanos, apelando ante las instancias judiciales estadounidenses e incluso a la compasión de sus gobernantes en turno.

Primera muerte

La primera ejecución de un mexicano en EE.UU. fue la de Ramón Montoya Facundo, registrada en Texas el 25 de marzo de 1993. La medida,por la muerte de un policía en Dallas, indignó a la sociedad mexicana y levantó una nueva barrera en las relaciones entre ambos países.

Tres años después, Texas realizó la segunda ejecución de un mexicano al aplicar la pena de muerte a Irineo Tristán Montoya, el 18 de junio de 1996. La ejecución despertó igual indignación y causó protestas aisladas.

Tan sólo meses después, el 17 de septiembre de 1996, fue ejecutado en Virginia el mexicano Benjamín Mario Murphy. Luego, el 9 de noviembre de 2000 en Texas, fue ejecutado Miguel Angel Flores.

Las ejecuciones de Murphy y Flores también causaron protestas formales por parte de México, aunque no se presentó mayor controversia.

Sin embargo, la quinta ejecución, la de Javier Suárez Medina, efectuada en Texas el 14 de agosto de 2002, causó un revuelo mayor luego de que el entonces presidente mexicano Vicente Fox, suspendiera una visita a esa entidad en señal de reproche.

Ángel Maturino Reséndiz, conocido en Estados Unidos como “El asesino de las vías”, pasó a ser el sexto mexicano ejecutado en Estados Unidos al recibir la inyección letal en Texas el 27 de junio de 2006.

En este caso, la aplicación de la sentencia pasó casi desapercibida en México. Las autoridades mexicanas hicieron esfuerzos por salvar su vida, pero el acusado optó por hacer a un lado las apelaciones y someterse al castigo.

Texas ha ignorado un fallo de la Corte Internacional de La Haya, que ordena revisar las sentencias de 51 mexicanos condenados a muerte.

En 2008, pese a dicha resolució, Texas ejecutó a José Ernesto Medellín, de Nuevo Laredo, Tamaulipas.La sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ordena a Estados Unidos revisar las sentencias de pena de muerte impuestas a 51 mexicanos, pero Texas la ha desafiado.La ejecución de Medellín colocó a Texas en pleno desacato de los acuerdos internacionales firmados por Estados Unidos, ya que el condenado formaba parte del grupo de 51 mexicanos amparados por el fallo de la CIJ que ordenó a Estados Unidos, la revisión de sus casos tras determinar que en su detención se habían violado sus derechos a la asistencia consular.En su fallo, la CIJ dictaminó que ese país violó el artículo 36 de la Convención de Viena de 1963 al no ofrecer a los mexicanos la posibilidad de acogerse a su derecho a asistencia diplomática “sin retraso” tras su detención.

A raíz del fallo de la CIJ, estados como Oklahoma, Arkansas y Nebraska han tomado acciones para asegurarse que las violaciones a los derechos consulares de los reos mexicanos reciban una completa y justa revisión.Texas, en cambio, no ha permitido la revisión de las violaciones consulares en ninguno de los casos de los mexicanos sentenciados a muerte en esta entidad que están amparados por el fallo.En 2008, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determinó que Texas no está obligado a acatar el dictamen de un tribunal internacional, al no existir una ley interna federal que lo obligue a ello.

Sin embargo, el dictamen no impide que las entidades con mexicanos sentenciados al castigo capital puedan revisar sus casos en forma voluntaria, como se lo han solicitado a Texas el gobierno de México y otras instancias internacionales.En julio de 2011, Texas volvió a cometer una “violación irreparable” del fallo de la CIJ al ejecutar a Humberto Leal, originario de Monterrey, en el norteño estado mexicano de Nuevo León.



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