La justicia, deficiente

Deterioro de la calidad de vidade la población

MÉXICO (El Universal).- Un análisis del gobierno federal sobre la procuración de justicia en el país menciona que la ineficiencia, la incertidumbre y los altos costos que generan las procuradurías y fiscalías de la nación han llevado a la población a tener un deterioro de la calidad de vida, un menoscabo a la cohesión social y una ausencia de confianza ciudadana frente a la actuación de las instituciones del Estado.

El Programa Nacional de Procuración de Justicia indica que el país no tiene una política criminológica focalizada y proporcional, que permita un uso racional y prudente de recursos públicos.

El documento refiere que 60% de las sanciones son por delitos menores y sólo 12% se vincula con delitos graves como homicidio, violación y robo violento.

Además de la impunidad, señala el reporte, el sector de procuración de justicia presenta problemas de eficiencia en la actuación ministerial, debido a inercias burocráticas, mala organización, indiferencia y limitaciones técnicas de las autoridades encargadas de investigar la comisión de los delitos (ministerios públicos, policías y peritos).

“La PGR reporta que del período comprendido de 1999 a 2012 cada averiguación previa determinada, excluyendo las consignadas con detenido, fueron integradas en promedio en 223 días; es decir, aproximadamente ocho meses”, indica el documento.

En la etapa de investigación, la PGR reportó que 68.1% de las denuncias presentadas dio inicio a una averiguación previa en el período de 1999 a 2012.

El estudio detalla que durante el proceso de integración de la averiguación previa se han identificado problemas relacionados con la etapa de la consignación.

“En el país se observan tasas muy bajas de consignación. En 17 estados el porcentaje de consignaciones respecto a las denuncias es menor de 10%. A nivel federal, la PGR reporta que del total de averiguaciones previas iniciadas por delitos del fuero federal en el período de 1999 a 2012 se consignó 35.13%; se determinó no ejercicio de la acción penal en 35.54% y se envió a reserva un 23.51%”, dice el documento.

Esta situación, indica, genera problemas frecuentes del sistema de procuración de justicia por lo que es necesario elaborar y ejecutar programas de capacitación y actualización para ministerios públicos, peritos y agentes investigadores, así como programas para formación de nuevos elementos.

“Es necesario elaborar y ejecutar programas de capacitación y actualización para ministerios públicos”




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