HRW aún no ve cambios en política contra la violencia en México

La directora de Human Rights Watch (HRW) en Brasil, María Laura Canineu (al centro), en compañía del Director de HRW en América, Daniel Wilkinson (izquierda), y el Director de Programa de HRW, Lain Levine (derecha), durante la presentación del Informe Mundial sobre Derechos Humanos 2014 en Sao Paulo, Brasil, hoy martes 21 de enero de 2014.- (EFE/SEBASTIÃO MOREIRA)

La directora de Human Rights Watch (HRW) en Brasil, María Laura Canineu (al centro), en compañía del Director de HRW en América, Daniel Wilkinson (izquierda), y el Director de Programa de HRW, Lain Levine (derecha), durante la presentación del Informe Mundial sobre Derechos Humanos 2014 en Sao Paulo, Brasil, hoy martes 21 de enero de 2014.- (EFE/SEBASTIÃO MOREIRA)

SAO PAULO, Brasil.  (EFE).- La ONG Human Rights Watch (HRW) aseguró hoy que “aún” no ve “cambios en la política” contra la violencia en México tras un año de la vuelta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder y la “promesa” del presidente, Enrique Peña Nieto, de modificar la estrategia.

Así dijo a Efe el director de HRW en América, Daniel Wilkinson, durante la presentación en Sao Paulo del informe anual de la entidad, en el que la ONG denunció la impunidad, el incumplimiento de las leyes por parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y el uso de la tortura.

“Enrique Peña Nieto prometió acabar con la violencia que resulta del enfrentamiento contra el narcotráfico”, señaló a Efe el director de HRW en América, Daniel Wilkinson, quien tachó de “absurdo” la estrategia del expresidente Felipe Calderón, antecesor de Peña Nieto y quien abanderó la “Guerra contra el narcotráfico”.

En opinión de Wilkinson, “todos vimos su resultado, 70.000 muertos. Según él (Calderón), todo eran narcotraficantes matando narcotraficantes, pero era imposible decirlo porque no había investigaciones”.

Para HRW, la llegada de Peña Nieto experimentó cambios en la retórica pero careció de “una variación respecto a la política contra el narcotráfico”.

A juicio del director, esta estrategia sigue siendo la misma que la del Partido Acción Nacional (PAN) de Calderón, ya que en estados como Michoacán o Tamaulipas,  “continúan los problemas” y “sigue mandando al ejército”, al objetar la función de policía de una fuerza armada.

En el resumen dedicado a México, la ONG destaca que “el gobierno ha obtenido pocos avances en el juzgamiento de numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada, incluso durante la presidencia de Peña Nieto”.

De acuerdo con la ONG, la desaparición de personas por parte de integrantes de todas las ramas de las fuerzas de seguridad “se continúan” perpetrando durante el gobierno de Peña Nieto, “en algunos casos en colaboración directa con organizaciones delictivas.

“En junio de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México indicó que estaba investigando 2.443 desapariciones en las cuales había encontrado evidencias de la posible participación de agentes del estado”, cita el informe.

Y además denuncia la impunidad contra la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.

“En casi todos los casos, los militares que cometen estos abusos no son llevados ante la justicia, en gran parte debido a que los hechos continúan siendo investigados y juzgados en el sistema de justicia militar, que carece de independencia y transparencia”, apunta el informe.

Respecto de la tortura, el documento señala que “es común que se practiquen para obtener información y confesiones bajo coacción” y alerta sobre que “son muchos los jueces que aún admiten confesiones obtenidas mediante tortura”.

El texto, sin embargo, cita la ley promulgada por el Gobierno destinada a asegurar los derechos de las víctimas del crimen en el país.

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