Senadores piden aplicar la ley a Rosario Robles

Un grupo de 12 senadores, incluida la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, solicitó investigar probables actos discriminatorios en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de su titular Rosario Robles Berlanga y actuar en los términos de la ley de servidores públicos.

La solicitud fue hecha por medio de una proposición de punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que a su vez la turnaría a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y a la misma Sedesol.

Hace unos días, la responsable de la política de desarrollo social del país aseguró que las mujeres indígenas con más de tres hijos ya no recibirán el subsidio federal del programa Oportunidades. “Ya no se va a beneficiar a las que tengan muchos hijos. Así que no se equivoquen, no hagan cuentas multiplicando 10 por 5. No. Eso ya se acabó”, sostuvo.

Los legisladores exhortan a la CNDH que inicie de oficio una investigación por las declaraciones vertidas por la secretaria Rosario Robles y que emita una recomendación al respecto.

Al Conapred, se le solicita que lleve al cabo una investigación por las declaraciones públicas de Rosario Robles y que, de acuerdo con los senadores, podrían considerarse discriminatorias y racistas.

Además, si este organismo encuentra elementos suficientes, el Senado le pide actuar en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Los legisladores también le solicitan a la Sedesol que evalúe las reglas de operación de los programas sociales a su cargo a fin de no incurrir en prácticas discriminatorias.

La senadora yucateca recuerda que la primera línea de acción de la Sedesol es precisamente propiciar las condiciones que garanticen el ejercicio de los derechos sociales, garantizar el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social.

En el documento presentado, los senadores destacan que todo funcionario público a quien se le compruebe que cometió actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, quedará sujeto a las responsabilidades en que hayan incurrido, además de las medidas administrativas y de reparación que se les impongan.

De acuerdo con la ley, el Conapred debe enviar los resultados de su investigación al órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción, al contralor interno o al titular del área de responsabilidades del gobierno federal.

Junto con la senadora Díaz Lizama, firman el documento las senadoras Mariana Gómez Del Campo Gurza, Luisa María “Cocoa” Calderón Hinojosa, Adriana Dávila Fernández, Martha Elena García Gómez, Elia Hernández Núñez y Sonia Mendoza Díaz y los senadores Francisco García Cabeza de Vaca,Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito, César Octavio Pedroza Gaitán y Juan Carlos Romero Hicks.
 



 




Volver arriba