Rastrearían celulares

Un voto hace falta para que lo avale la Suprema Corte

La PGR (en la foto), entre las usuarias del rastreo de teléfonos celulares, en la búsqueda de delincuentes

MÉXICO (Notimex).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación dedicó su sesión plenaria ayer a la resolución de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra normas del Código Federal de procedimientos Penales y de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

La demanda es contra normas que facultan a procuradurías a ordenar a las empresas de telecomunicaciones la ubicación geográfica de los teléfonos celulares por medio de un simple oficio.

Para declarar la inconstitucionalidad de las normas y su derogación se necesitaban mínimo ocho votos, pero se conformó una mayoría hasta ayer de siete votos a favor, de 11 posibles, a favor de la constitucionalidad de éstas.

El resultado garantiza la constitucionalidad y permanencia de las normas impugnadas por la CNDH, pero está por definirse el alcance de la aplicación e interpretación que se haga de las mismas.

La postura de los ministros que quedaron en minoría, al pronunciarse por la inconstitucionalidad por considerar que se violan los derechos humanos de las personas, al afectar su intimidad y privacidad, se vio superada por los que argumentaron a favor de la constitucionalidad de las normas.

Entre los ministros que se posicionaron sobre el tema, sólo Olga Sánchez Cordero se pronunció por la inconstitucionalidad al señalar que se permite una injerencia arbitraria que vulnera la obligación del Estado de garantizar un servicio de comunicaciones libre de cualquier injerencia.

También destacó que los teléfonos celulares tienen aparejada una gran cantidad de información de las personas, quienes tienen la expectativa de que esa información se mantendrá confidencial.”Las personas no compran celulares para ser rastreados por terceros o por la policía, sino para comunicarse, para utilizar internet y otra gran variedad de razones distintas”, advirtió.No obstante, los ministros Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se declararon a favor de la constitucionalidad y permanencia de las normas, aunque a partir de consideraciones radicalmente distintas.Luis María Aguilar se sumó a quienes argumentan que en el caso ni siquiera está involucrado el tema de los derechos humanos, porque se trata de localizar aparatos y no personas, como parte de las facultades de investigación de los delitos que la propia Constitución le da al Ministerio Público.Por el contrario, los ministros Jose González Salas y Arturo Zaldívar sostuvieron que pese a que sí hay una afectación a los derechos de las personas, ésta es constitucionalmente válida y legítima, si se parte de una interpretación conforme a la propia Constitución, para no dejar una interpretación abierta que posibilite abusos.El ministro González Salas recordó que toda autoridad, entre las que se cuentan las procuradurías, gozan del beneficio de la buena fe en su actuación y en el caso de incurrir en irregularidades, actos indebidos o delitos, se les debe sancionar en términos de ley.En tanto, Arturo Zaldívar advirtió que sería peligroso dejar que sea la propia autoridad la que interprete y aplique las normas en cuestión, pues sería como darle un “cheque en blanco”, aunque por otro lado, no se le puede privar de una herramienta que puede ser útil para su trabajo de investigación.Para salvar el dilema, señaló que sólo por medio de una interpretación conforme establecida por la propia Suprema Corte se puede asegurar al mismo tiempo su permanencia y su buen uso.De imponerse la visión de derechos humanos, la CNDH tendrá un mayor margen de acción; de lograr la mayoría quienes abogan por una interpretación conforme a las actuales normas, aún será posible imponer alguna restricción a esa facultad. Eso se sabrá al momento de la votación final, que puede suceder en la sesión de hoy.

Celulares | Corte

La medida sobre los celulares ocasionó división entre ministros de la SCJN.

Ley de geolocalización

La ley de geolocalización se refiere a las reformas que el Congreso de la Unión hizo en 2012 al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, en las que estableció que la PGR podrá, sin previa autorización de un juez, solicitar a compañías de telefonía celular que localicen aparatos en tiempo real.

Casos de delincuencia

Los casos en los que la autoridad podrá acudir a este recurso son cuando se trate de delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, extorsión o amenazas.

Razones detalladas

El ministro Fernando Franco dijo que la SCJN debe aclarar que toda solicitud de la PGR a las empresas telefónicas debe contener razones detalladas.




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