Puebla discute el uso de la fuerza en manifestaciones

MÉXICO (El Universal).- Se prevé que este lunes, el Congreso del estado de Puebla discutirá la iniciativa que regula el uso de fuerza policial en manifestaciones, la cual contempla el uso de armas de fuego para dispersar marchas.

La propuesta fue enviada por el gobernador, Rafael Moreno Valle a los diputados poblanos el 7 de mayo de 2014 y se dictaminó el miércoles 14, incluye la regulación sobre el uso de armas de fuego y determina los “niveles” del uso de fuerza que podrán emplear los uniformados.

Para esto, contempla la división de las manifestaciones en lícitas, ilícitas no violentas, e ilícitas violentas. Para la dispersión de las manifestaciones “ilícitas no violentas”, en el artículo 42 de la iniciativa se considera que “los elementos policiales evitarán el empleo de la fuerza.

Sin embargo, al no ser posible, se limitará el uso de fuerza al mínimo necesario”. Además, en el artículo 44 aunque señala específicamente la prohibición de usar armas para dispersar marchas, el mismo artículo lo permite dependiendo del nivel de “violencia” que prevalezca en ese momento.

Niveles de fuerza
La ley establecería un margen de acción de cuatro niveles para los agentes policiales en la dispersión de manifestaciones ilícitas, que iría del convencimiento verbal al empleo de armas de fuego.

Primer nivel: Instrucciones, advertencias y órdenes verbales “que permitan al elemento policial cumplir con sus funciones”

Segundo nivel: Sometimiento por medio de acciones físicas, para limitar el movimiento del manifestante

Tercer nivel: Utilización de armas no letales

Cuarto nivel: Uso de armas de fuego y fuerza letal en legítima defensa de la vida o para evitar lesiones graves. Según el secretario de seguridad pública del estado, Facundo Rosas de aprobarse la iniciativa no violentaría derechos humanos pues, dice, establecerá un protocolo para que únicamente se empleara la fuerza en caso de que una manifestación se tornara violenta, sin embargo diversas organizaciones sociales y de derechos humanos critican la ambigüedad de la ley.




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