Ordenan a Pemex suspender pagos a acreedores de Oceanografía

MÉXICO (Notimex).— Un juez federal ordenó a Pemex Exploración y Producción suspender de inmediato los pagos a los fideicomisos y acreedores de Oceanografía, pues deben entregarse exclusivamente a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

El titular del Juzgado 3 de Distrito en el Distrito Federal, Felipe Consuelo Soto, también ordenó que proceda de inmediato a depositar en las cuentas bancarias señaladas en el concurso mercantil por el SAE, cualquier suma de dinero o recursos numerarios derivados o con motivo de los contratos de prestación de servicios.

De esta manera, el SAE podrá disponer de esos recursos y realizará los actos que resulten necesarios para mantener la operación ordinaria de la empresa, incluyendo el pago de salarios, adquisición de insumos y pago de proveedores, entre otros.

De la misma manera, el juez de lo concursal requirió a la paraestatal para que en estricto cumplimiento a las medidas cautelares ordenadas, proceda a enterar al SAE sobre cualquier recurso numerario que adeude a Oceanografía.

En su resolución, dada a conocer hoy por el Consejo de la Judicatura Federal, subrayó que la administración de contratos, la atención de clientes, proveedores, y la administración de los barcos que trabajan costa afuera, así como todas las operaciones ordinarias recaen exclusivamente a través del administrador designado por el SAE, no de la empresa, como irregularmente se acordó entre ellas.

Hace notar que la administración de Oceanografía, a cargo del SAE, no se limita a realizar pagos a los trabajadores o servicios, sino que también es responsable de asegurar todos los bienes asegurados, lo que incluye su recepción, registro, custodia, conservación y supervisión.

De esta manera, el juez Consuelo Soto respondió a la promoción presentada por la representación jurídica del SAE, quien denunció las prácticas irregulares acordadas entre la paraestatal y Oceanografía, aun después de que esta última fuera asegurada por la Procuraduría General de la República.

 




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