Inactiva la ley de estancias

A tres años de su creación casi no se aplica, afirman

Activistas durante una marcha realizada el año pasado en el D.F. en recuerdo de la tragedia en la guardería

MÉXICO (Por Elia Baltazar, corresponsal Diario de Yucatán-AEE).- Casi tres años después de su entrada en vigor, la ley federal para garantizar las condiciones mínimas de seguridad y calidad en las estancias infantiles está pendiente de aplicación en casi todos los estados del país, lamentó José Francisco García Quintana, presidente del Movimiento 5 de Junio.

García Quintana es padre de Andrés Alonso García Duarte, uno de los 49 niños que murieron en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, ocurrido hace un lustro. Él encabezó el foro de conmemoración de la tragedia que se llevo a cabo en el museo Memoria y Tolerancia de la ciudad de México.

Allí advirtió que la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2011, no ha tenido la difusión necesaria del gobierno.

También aseguró que ni siquiera en Sonora, donde ocurrió el incendio de la guardería ABC que dio origen a esta legislación, hay un compromiso con la seguridad de los niños, porque las revisiones de Protección Civil han comprobado que en las estancias infantiles hay siempre algún tipo de irregularidad, sobre todo en instalaciones eléctricas y de gas.

En el país, si acaso 30% de los estados han armonizado sus leyes locales con la ley federal, pero algunos todavía no tienen reglamento para su aplicación. Es el caso de Jalisco, Puebla, Sonora, Baja California y el Estado de México, mientras Tabasco y el Distrito Federal están en proceso de adecuar sus normas locales, dijo.

A la fecha, sin embargo, la mayoría de las estancias infantiles no cumple con la ley que, lamentablemente, no tiene una aplicación efectiva, dijo García Quintana. “No sé qué está esperando el gobierno, ¿que se repita una tragedia como la de ABC, o de mayor magnitud?”

La Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil establece que todas las estancias infantiles -públicas o privadas- deben contar con medidas de protección civil, pólizas de seguro y estándares de calidad que cumplan con los derechos de la infancia y ordena elaborar un registro nacional de las estancias infantiles y de sus trabajadores, así como la integración de un consejo nacional que vigile su funcionamiento. Este órgano, sin embargo, comenzó a operar con retraso hasta mayo de 2013, aseguró García Quintana.

Por ello pidió a las autoridades hacer público el diagnóstico nacional sobre el estado en que se encuentran las estancias infantiles en el país, y el avance en el proceso en el registro de las guarderías y sus empleados. Para García Quintana, el gobierno tiene varios pendientes con los padres de los 49 niños que murieron en el incendio de la Guardería ABC. Entre otros, una investigación efectiva, con presupuesto y plan de trabajo, “que no sea una movida política con fines electorales”. Aunque el caso se encuentra en la Procuraduría General de la República, no hay un encargado oficial de la investigación, desde el nombramiento de Renato Sales Heredia como Coordinador de la Estrategia Nacional Antisecuestros. Provisionalmente la encargada es Ana María López Hernández, quien trabaja en conjunto con dos Ministerios Públicos radicados en el Distrito Federal. Hasta ahora, y a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en su investigación que hubo violaciones graves a los derechos humanos, no hay responsables de la muerte de los 49 menores. No obstante, dijo García Quintana “si se consulta un organigrama es posible detectar al menos 30 funcionarios responsables, ya sea por acción u omisión”, insistió el presidente de la organización. Entre ellos mencionó a Juan Francisco Molinar Horcasitas, ex director general del Instituto Mexicano del Seguro Social; el ex director jurídico Fernando Gutiérrez; la ex coordinadora de Guarderías Dora García; el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours; el ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara, y el ex director de la Unidad de Protección Civil Municipal, Roberto Copado. Hasta ahora, de las 30 personas involucradas en las investigaciones, ninguna está en prisión. “La PGR todavía no decide ni siquiera la consignación de las empleadas de ABC, en contra de quienes presentamos denuncias por el delito de abandono, porque hay testimonios de que algunas salieron corriendo y dejaron a los niños”, aseguró el padre de Andrés Alonso García Duarte. De acuerdo con la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Guardería ABC no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad, lo mismo que otras mil 500 estancias infantiles en el país.Los padres de las 25 niñas y los 24 niños muertos en la Guardería ABC han dedicado el último lustro a realizar marchas, plantones, huelgas de hambre, rodadas en bicicleta y pintas de bardas para que México no olvide.El precio de la tragediaEl precio ha sido “una desorganización del funcionamiento de sus relaciones laborales, familiares y sociales en general”, dijo Guadalupe Álvarez de Majul de la asociación Tech Palewi.Según la experta, los padres han tenido que compartir su duelo y estrés postraumático con una lucha contra la impunidad y una búsqueda de justicia, lo que les ha provocado problemas de salud como depresiones severas, enfermedades psicosomáticas, adicciones, trastornos de ansiedad generalizados, e incluso intentos de suicidio.”Hay un agotamiento de los actores principales y de las organizaciones que los acompañan, hay víctimas directas e indirectas”, expuso Guadalupe Álvarez.Algunas víctimas indirectas son, por ejemplo, los abuelos, tíos o hermanos de los menores que perdieron la vida, o los 18 bebés que han nacido en los últimos cinco años, en las familias afectadas.Las otras víctimas directas son los más de 70 niños con lesiones que siguen enfrentando cirugías y tratamientos médicos como trasplantes de piel. Muchos otros sufren de bullying en la escuela porque no se le ha dado acompañamiento profesional a la comunidad, insistió la experta.”La recuperación psicosocial, el bienestar y el equilibrio interior son procesos paulatinos que dependen de las condiciones externas e internas de las personas”, explicó Ana Gladys, directora de Tech Palewi.Pero en México, dice, no se han dado estas condiciones porque hay impunidad. “Lo que han logrado los padres del movimiento 5 de junio lo han logrado no gracias a la autoridad sino a pesar de ella”.Según Gladys, la recuperación puede tener varios caminos, “el de los padres es el más dignificante y además nos protege a todos”.”Ellos han buscado la justicia no sólo como castigo a los responsables sino viendo a las víctimas como sujeto, con reparación del daño y con derecho a la no repetición, la justicia para todos nosotros vivos y venideros”, agregó Miguel Álvarez Gándara, presidente de SERAPAZ.




Volver arriba