Avalan rastreo a los móviles

Avalan rastreo a los móviles

La medida no autoriza a la PGR intervenir líneas

MÉXICO.- Con ocho votos a favor y tres en contra, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló ayer la llamada ley de geolocalización, que desde 2012 permite a la Procuraduría General de la República (PGR) ubicar teléfonos celulares relacionados con crímenes sin necesidad de tener la orden de un juez.

Según CNN México, los ministros que votaron a favor fueron Margarita Luna Ramos, responsable del proyecto de resolución; Alberto Pérez Dayán, Luis Aguilar, Jorge Pardo Rebolledo, Fernando Franco, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar y Juan Silva Meza, este último presidente de la SCJN.

Para ellos, la ley es constitucional y representa una medida indispensable para que la PGR persiga delitos graves como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro.

Quienes votaron en contra fueron Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Sergio Valls, quienes consideran la ley violatoria de los derechos humanos.

Para ellos, la ley es inconstitucional porque, desde su punto de vista, viola el derecho humano a la privacidad. Ese argumento coincide con el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que impugnó la medida ante la Corte.

La ley fue aprobada por el Congreso en 2012, cuando se reformaron el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Telecomunicaciones para permitir que la PGR, sin orden judicial, pida a una telefónica ubicar en tiempo real un aparato si está vinculado a crímenes.

La PGR, sin embargo, no está facultada para intervenir las llamadas o los mensajes de un teléfono celular si un juez no lo autoriza previamente.

El debate en la SCJN ocurre en momentos en que el secuestro y la extorsión aumentan en México. Durante 2013, los secuestros denunciados crecieron en 32% respecto de 2012, mientras las extorsiones lo hicieron en 11%.La incidencia de ambos delitos de alto impacto se elevó principalmente en estados como Michoacán, Guerrero o Tamaulipas, una situación que algunos analistas vinculan con la operación de grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico.




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