Difícil una lucha jurídica

Expertos opinan sobre los efectos de una consulta

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MÉXICO (EFE).- Tras el debate legislativo sobre la reforma energética promulgada anteayer por el presidente Enrique Peña Nieto, publicada el mismo viernes en el Diario Oficial de la Federación, surge una controversia jurídica sobre la posibilidad de que una consulta popular en 2015 revoque la iniciativa.

El PRD promueve la consulta sobre la reforma que abre el sector energético a la iniciativa privada por primera vez en siete décadas.

Pero entre dirigentes políticos y expertos jurídicos hay dudas sobre si esa figura pueda tener validez constitucional y, muy posiblemente, esas inquietudes tendrán que ser resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El subsecretario de Hidrocarburos, Enrique Ochoa, dijo que hay que esperar a la reglamentación de una ley de consulta popular que aprobaron los diputados y está pendiente de que pase a estudio de los senadores.

“Esperemos con mucha atención a lo que el Congreso de la Unión determine (…), va a depender de lo que se resuelva en términos legales”, afirmó al ser consultado sobre la posibilidad de que un plebiscito desaliente la llegada de empresas extranjeras.

El PRD defiende la validez de la consulta que promueve, apoyado por 1.7 millones de firmas, pero el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), que aprobaron la reforma energética, están convencidos de que no hay posibilidad de que una consulta popular pueda echar para atrás la iniciativa.”Las consultas populares deben hacerse alrededor de preguntas específicas, que no implican que se modifique un artículo constitucional u otro”, sostiene el líder de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones.

Desde el PAN, su líder, Gustavo Madero, cree que la Constitución “no contiene las disposiciones que desean los que aspiran a derogar”.

El artículo 35 de la Constitución deja claro que las consultas populares no se pueden aplicar a temas relacionados con los ingresos y gastos del Estado, como los que intenta regular la reforma energética.La nueva normativa para el sector redefinirá el aporte fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y fija nuevos esquemas para que las arcas del Estado se nutran con las operaciones de las empresas privadas que en el futuro comiencen a explotar el crudo y el gas en el país.Expertos jurídicos dan la razón al PRI y PAN.

“Por el tipo de materia que se trata no cabe la consulta”, opinó el coordinador del área de Derecho Constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell.

El académico sostuvo que como la materia sometida a consulta afectaría los ingresos del Estado, el artículo 35 de la Constitución impide someter a un plebiscito ese apartado.

Además, tampoco está claro si de acuerdo con el artículo 35 de la Carta Magna son consultables las reformas constitucionales, señaló.

“No es tan tajante, daría lugar a una interpretación (de la Suprema Corte). El derecho siempre es interpretable”, añadió.

Luis Carlos Ugalde, académico y expresidente del Instituto Federal Electoral, parece tenerlo más claro.

“La consulta popular prevista en nuestra Constitución no incluye el concepto de revocación o ratificación de reformas constitucionales o legales”, explica.

“En 2015 se podría solicitar una consulta popular para decidir sobre temas relacionados a la materia energética, con base en una pregunta específica, pero se trataría de un nuevo proceso legislativo, no de la ratificación o revocación del que acaba de concluir”, agregó

En cualquier caso, la decisión final sobre la interpretación legal le corresponde a la SCJN.

El PRD ya anunció que sus equipos de abogados preparan un recurso ante esa instancia, pero pasará tiempo antes de que sea resuelto.

El decretoPor otra parte, ayer entró en vigor el decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución en materia de energía.El decreto indica que se reforman los párrafos cuarto, sexto y octavo del Artículo 25; el sexto del Artículo 27, así como cuarto y sexto del 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Además al Artículo 27 se adiciona un párrafo séptimo, con lo cual se recorre los subsecuentes en su orden, y un octavo al Artículo 28, de la Carta Magna.El documento expone que se respetarán los derechos de los trabajadores que presten sus servicios en organismos, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades que comprende ese documento.Indica que la legislación establecerá la forma y los plazos, que no podrán exceder dos años, para que Pemex y la CFE se conviertan en empresas productivas del Estado.Mientras eso pasa, Pemex queda facultado para recibir asignaciones y celebrar los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del Artículo 27, el cual se adiciona con este decreto, y que hacen referencia a las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, siempre afirmando que estos son propiedad de la nación.Señala que dentro de los 120 días naturales siguientes a partir de ayer, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico, a fin de hacer efectivas las disposiciones del presente decreto, entre ellas las de regular las modalidades de contratación y de contraprestaciones. Las modalidades de contratación deberán ser, entre otras: de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia, para llevar a cabo, por cuenta de la nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, incluyendo las que puedan realizar empresas productivas del Estado con particulares. Para promover la participación de cadenas productivas nacionales y locales, la ley establecerá en esos 120 días las bases y los porcentajes mínimos del contenido nacional en la proveeduría para la ejecución de las asignaciones y contratos a que se refiere el presente decreto. El documento expone que la ley deberá establecer mecanismos para fomentar la industria nacional en las materias de este decreto. Por su carácter estratégico, la exploración y la extracción del petróleo y demás hidrocarburos, además del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo. Los títulos de concesiones mineras que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de este decreto y aquellos que se otorguen con posterioridad, no conferirán derechos para la exploración y extracción del petróleo y los demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, y los concesionarios deberán permitir la realización de estas actividades. Menciona que el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo será un fideicomiso público que se constituirá en 2014 y comenzará operaciones en 2015, en el que el Banco de México fungirá como fiduciario. Este fondo será el encargado de recibir todos los ingresos, con excepción de los impuestos, que correspondan al Estado mexicano derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del Artículo 27 de esta Constitución. El Poder Ejecutivo federal emitirá, a más tardar dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, el decreto de creación del organismo público descentralizado denominado Centro Nacional de Control del Gas Natural. También a más tardar dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la ley reglamentaria de la industria eléctrica, emitirá el decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía como organismo público descentralizado, encargado del control operativo del sistema eléctrico nacional, entre otras funciones. El Congreso de la Unión tiene hasta un año a partir de hoy para adecuar el marco jurídico, a fin de establecer las bases en las que el Estado procurará la protección y cuidado del medio ambiente, así como 120 días para crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Mientras que el Ejecutivo federal tiene el mismo plazo para incluir en el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, una estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios. El Congreso de la Unión tiene 120 días para realizar las adecuaciones a fin de establecer los mecanismos legales para prevenir, investigar, identificar y sancionar a los asignatarios, contratistas, permisionarios, servidores públicos y toda persona física o moral, pública o privada, nacional o extranjera, cuando realicen actos u omisiones contrarios a la ley.

Reforma jurídica | Protestas

Simpatizantes de izquierda y representantes de otros sectores realizan protestas contra la reforma energética.

Ex pareja de Peña Nieto

Maritza Díaz Hernández, ex pareja sentimental del presidente Enrique Peña Nieto, participó en la marcha del viernes, según señala el sitio de internet Terra.

La caminata

Maritza Díaz, quien interpuso una demanda legal para reclamar prestaciones a favor de Diego Peña Díaz, hijo de ambos, participó en una caminata que partió del Ángel de la Independencia y concluyó en el Palacio de Bellas Artes.

Momento de reaccionar

En la red social Twitter, la ex pareja de Peña Nieto publicó: “Me uno hoy a la marcha #20DMx como mexicana, como madre… No es momento de resignarnos, sino de reaccionar”.




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