Piden clemencia para mexicano

Amnistía solicita a gobernador texano detener ejecución

El mexicano Ramiro Hernández Llanas quien sería ejecutado hoy

MÉXICO (Notimex).- La Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte del Senado de la República envió cartas diplomáticas al gobernador de Texas, Rick Perry, para solicitar se frene la ejecución del mexicano Ramiro Hernández Llanas.

La misivas fueron enviadas a Perry para que la pena capital sea conmutada y se respete el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el llamado caso Avena.

En ese fallo la Corte Internacional de Justicia solicita al gobierno de Estados Unidos revisar las sentencias de 52 mexicanos de los cuales han sido ejecutados tres.

La presidenta de esa comisión, Marcela Guerra Castillo, expuso en rueda de prensa que se está solicitando la clemencia directamente al gobernador de Texas y también al Comité Judicial.

“Estamos dando la lucha para que todos los mexicanos condenados a la pena capital primero tengan la asistencia consular y que no sean violados sus derechos”, expuso.

Uno de los únicos mexicanos que han logrado evadir la aplicación de la pena de muerte, Mario López Urban, consideró que el caso de Ramiro Hernández es una flagrante violación a los derechos de los no imputables. “Ramiro según los expertos médicos tiene daños cerebrales por lo que si hubieran “notificado al consulado de México y Ramiro hubiera tenido la mejor defensa por enfermedad mental”, agregó.

Llamado de AI

Por su parte Amnistía Internacional hizo un llamado urgente al gobernador de Texas para que frene la ejecución del mexicano, al sostener que padece discapacidad mental y no es elegible para el castigo.

“Este caso clama a Rick Perry para que utilice su poder de indulto”, apuntó en un comunicado Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional para Estados Unidos.

El gobernador “debe reconocer que el estado se ha basado en el testimonio de un experto de mala calidad para conducir a Hernández Llanas a la cámara de la muerte”, sostuvo Freer.

De acuerdo con Amnistía Internacional, en el juicio contra Ramiro Hernández Llanas, en el año 2000, la fiscalía usó el testimonio de un psiquiatra desacreditado, James Grigson, para refutar las opiniones de expertos en salud mental que testificaron sobre la discapacidad mental del acusado.

Grigson testificó y emitió su opinión aun cuando nunca había examinado a Hernández Llanas y declaró que probablemente el mexicano era propenso a cometer futuros actos de violencia criminal, porque era un sicópata que carecía de conciencia. En los casos de pena de muerte, el convencer al jurado de que el acusado representa un ‘peligro futuro’ para la sociedad e incluso en la cárcel, es un requisito previo para poder imponer el castigo capital. ‘Un testimonio como el que ofreció Grigson ha sido desacreditado en los últimos años como ´ciencia basura´ y el mismo especialista fue reprendido y luego expulsado de la Asociación Americana de Psiquiatría por recurrir a este mismo tipo de testimonio no científico en varios juicios de homicidio’, enfatizó Freer. Grigson, un psiquiatra forense conocido como ´doctor muerte´, testificó a favor de la fiscalía en 167 casos de pena capital, antes de su fallecimiento en 2004. En casi la totalidad de los casos en que prestó testimonio, los reos fueron sentenciados a muerte. “Teniendo en cuenta lo que vino después, el testimonio psiquiátrico manchado por los estereotipos raciales, este caso se destaca crudamente como otra injusticia en Texas a punto de convertirse en permanente en la cámara de la muerte”, señalo Freer. En 2008, Texas presentó el testimonio de otro psiquiatra, Richard Coons, para refutar la conclusión de un experto de la defensa de que Hernández Llanas padecía de ‘retraso mental’, lo que convertiría su ejecución en un acto ilegal en virtud de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en 2002. De acuerdo con Amnistía Internacional, Coons nunca conoció al reo o a alguna persona que lo conociera. El especialista, que no hablaba español, testificó que la conducta criminal del preso era apropiada para su grupo cultural. “Es un principio fundamental del derecho internacional que toda persona sea igual ante la ley y tenga el derecho a un proceso penal sin discriminación racial o de otro tipo”, dijo Freer.”Aunque creemos que la pena de muerte nunca se equipara con la justicia, seguramente incluso los defensores de los homicidios judiciales deben ver la injusticia de una sentencia de muerte asegurada tras la presentación de dicho testimonio contaminado”, indicó. El gobierno de México presentó en enero pasado un escrito ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en el que condena el ‘estereotipo difamatorio de las capacidades funcionales de las personas criadas en la cultura mexicana de clase socio-económica baja como la del señor Hernández’. La Asociación Americana de Discapacidades del Desarrollo Intelectual que trabajan con personas con discapacidad intelectual y de desarrollo, también instó a la Corte a intervenir, pero la máxima instancia judicial del país se negó hacerlo. La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó ‘medidas cautelares’, pidiendo a Estados Unidos no seguir adelante con la ejecución a fin de que la Comisión pudiera tener tiempo para considerar una petición ante ella. La Comisión advirtió que si Estados Unidos permite que la ejecución siga adelante en estas circunstancias, sería un acto que ‘contraviene gravemente sus obligaciones jurídicas internacionales’.




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