Militares serán enjuiciados por civiles

El Senado aprobó por unanimidad el retiro de reservas de ley.

El Senado aprobó por unanimidad el retiro de reservas de ley.

MÉXICO (EFE).- El Senado de México retiró hoy una reserva que el Gobierno federal hizo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos para que los militares sean juzgados por la vía civil en casos de desaparición forzada.

La Cámara Alta aprobó por unanimidad la reserva sobre Desaparición Forzada de Personas, la cual reconocía el fuero de guerra y consideraba que éste no constituía una jurisdicción especial.

El dictamen, que se envió al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial, explica que la Convención establece en sus disposiciones la obligación de tipificar y perseguir a los perpetradores de la desaparición forzada de personas.

Excluye también las jurisdicciones “militares” o “especiales”, por lo que los responsables de ese ilícito “sólo podrán ser juzgados en las jurisdicciones de derecho común competentes de cada Estado”.

Los senadores consideraron que el retiro de la reserva al artículo IX de este instrumento internacional refrenda el compromiso de México “con la protección de los derechos humanos, en este caso, al combate de actos injustos como la desaparición forzada de personas”.

Recordaron que el Senado ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas el 10 de diciembre de 2001 y el 9 de abril de 2002 y el gobierno mexicano formuló dicha reserva.

Esta reserva se aprobó con el argumento de que “la Constitución mexicana reconoce el fuero de guerra cuando el militar haya cometido algún ilícito encontrándose en servicio, por lo que dicho fuero no constituía una jurisdicción especial”.

Por otra parte, en la misma sesión los senadores aprobaron retirar otra reserva que permite otorgar el derecho de audiencia a extranjeros previo a su expulsión del país.

El retiro de esta reserva busca armonizar su contenido con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.
Anteriormente el artículo 33 de la Constitución establecía la facultad exclusiva del Ejecutivo de expulsar del territorio nacional, “inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgara inconveniente”.

El dictamen, avalado con 88 votos a favor y cero en contra, también fue turnado al Ejecutivo Federal para su publicación oficial.




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