Envían a Texas miles de cartas

En diversos tonos, piden que no se haga la ejecución

Édgar Tamayo Arias, sentenciado a muerte en Texas, EE.UU.

MÉXICO (Notimex).- El despacho del gobernador de Texas, Rick Perry, en Austin, y la oficina de la Junta de Perdones y Libertad Condicional del Estado de Texas, están llenas de miles de cartas, que piden en todos los tonos evitar la Ejecución de Edgar Tamayo Arias, prevista para este miércoles.

Entre los firmantes de estas cartas, se encuentran el secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade Kuribreña; el embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora; el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez.

También han enviado misivas la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte.

Destaca el caso de Amnistía Internacional que la semana pasada envió un paquete de 17 mil 500 cartas recolectadas en 52 países (incluyendo México, Estados Unidos y España), donde también se pide detener la ejecución.

Igualmente la Coalición Nacional Evangélica Latina, los embajadores de la Unión Europea, Reino Unido, El Salvador, Honduras y Uruguay en Estados Unidos; la American Bar Association, el American Friends Service Comittee, y los Departamentos de Estado y Justicia dirigieron misivas.

El 15 de enero, el Embajador de México ante la Organización de Estados Americanos, Emilio Rabasa Gamboa, abrió el debate sobre la abolición de la pena de muerte en América y denunció el incumplimiento de Estados Unidos del fallo de la Corte Interamericana de Justicia.

En el plano legal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas cautelares a favor de Tamayo el 18 de enero de 2012, incluyendo la suspensión de la sentencia. Otros recursos se han intentado para detener la ejecución.

El 14 de enero se presentó una demanda federal en Austin, Texas, solicitando que el gobernador y la Junta de Perdones y Libertad Condicional de Texas (BPP), se abstengan proceder con la ejecución hasta que se establezca un procedimiento adecuado y transparente.




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