Pendientes por resolver

Aún hay tensión entre los grupos de autodefensa

MÉXICO.- A tres meses de que el gobierno federal dio inicio a una operación especial en Michoacán, las autoridades han alcanzado logros como la detención de líderes criminales, pero aún tienen pendiente resolver las tensiones con los grupos de autodefensa y definir una ruta clara para restablecer la seguridad en el estado.

Analistas consultados por CNN México recuerdan que la operación comenzó el 15 de enero, cuando ante la “debilidad” de las instituciones locales, el gobierno federal estableció una comisión a cargo de Alfredo Castillo, con el objetivo de combatir la inseguridad en Michoacán.

En esos días, las autoridades federales asumieron las tareas de seguridad y, poco después, anunciaron un paquete de 150 acciones y 100 obras en economía, educación, salud e infraestructura para impulsar el desarrollo de esta entidad que cerró 2013 con una tasa de desempleo del 4.3%.

Desde entonces, a decir de los especialistas el mayor éxito de la operación han sido los golpes contra los grupos delictivos. Según cifras oficiales, en este trimestre se ha detenido a decenas de presuntos delincuentes -131 durante el primer mes-, así como capturado o abatido a cuatro de los principales líderes de “Los Caballeros Templarios”.

Los cabecillas “templarios” que han caído en este lapso son Dionicio Loya Plancarte, arrestado a finales de enero, y Enrique “Kike” Plancarte, Nazario “El Chayo” Moreno y Francisco Galeana, “El Pantera”, abatidos en enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Con esto, quien queda como presunto líder de “Los Caballeros Templarios” es Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”.

Samuel González Ruiz, ex asesor de la Procuraduría General de la República (PGR), señaló que si bien esas acciones representan logros, el gobierno federal aún debe definir con claridad cuánto tiempo más estará en Michoacán y qué otras medidas tomará para que el estado tenga estabilidad y se encarguen de él sus propias autoridades.

“Ha habido avances importantes, pero también el mayor problema que veo es el recambio, es decir, si ya tienes tres meses en Michoacán, tienes que tener una planeación para que los (funcionarios) locales reasuman sus funciones en un período mediano”, dijo el analista.

“Para que eso se dé, requieres un proceso de formación de gente que no veo que estén haciendo”, agregó.

Gustavo López Montiel, investigador del Tecnológico de Monterrey (ITESM), y Javier Oliva, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincidieron en que aún hay asuntos por resolver y en los que falta claridad en el operativo federal. “El balance es combinado, hay pros y contras. Entre los pros está el que el Estado mexicano recupera una parte del territorio michoacano y también una parte las detenciones del grupo de Los Templarios y otros que confluyen en el estado. Sin embargo, creo que todavía hay otros temas que están pendientes”, dijo López Montiel.”¿Cuáles son los objetivos en el mediano y el largo plazo? Se utiliza mucho la palabra estrategia, pero creo que se le ha vaciado de contenido de tanto usarla. ¿Cuáles son los objetivos intermedios que te permiten reconstruir el sistema social local?”, cuestionó Oliva. Para los analistas, dos temas clave que debe considerar el operativo gubernamental son las investigaciones sobre políticos presuntamente ligados a la delincuencia y el seguimiento a los apoyos federales al desarrollo estatal. En cuanto al primero, González Ruiz y Oliva dijeron que es una buena señal que el gobierno federal haya detenido al ex secretario de Gobierno del estado, Jesús Reyna, y esté indagando sus presuntos nexos con Los Caballeros Templarios. Sin embargo, agregaron que las investigaciones deben ser más profundas para detectar y detener otros posibles casos de colusión entre delincuentes y políticos locales. En cuanto al segundo tema, los analistas consideran necesario que el gobierno federal vigile que los recursos destinados a crear empleos, educación, salud e infraestructura -unos 50,000 millones de pesos- en realidad generen desarrollo a largo plazo. “No va a dejar de haber crimen si no se atienden los espacios de tejido social, es decir, las comunidades, la interacción entre ellas, la construcción de cadenas productivas”, dijo López Montiel. El viernes, el comisionado Castillo señaló en su cuenta de Twitter que “la reputación del estado y los michoacanos mejora”, lo que se refleja en el número de turistas que recibe. Hasta ahora, sin embargo, el estado se mantiene como una de las zonas de México que el gobierno de Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos que eviten visitar.Además, en enero y febrero, las cifras de asesinatos y secuestros en la entidad fueron, respectivamente, 77% y 33% mayores en comparación con los mismos meses de 2013, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Para Oliva, otro punto clave que debe resolver el gobierno federal es la relación con los grupos de autodefensa, que se formaron en 2013 para enfrentar a los grupos delictivos. Al inicio del operativo, las autoridades llamaron a las autodefensas a convertirse en policías rurales para que así actuaran dentro de la ley. Algunos integrantes del movimiento han aceptado el exhorto, pero otros lo rechazan debido a las tensiones que han surgido entre sí o con los funcionarios federales. Dos hechos que han causado diferencias entre el gobierno federal y los grupos de autodefensa son la detención de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas de la localidad de La Ruana acusado de dos asesinatos, y la exigencia gubernamental para que los civiles entreguen las armas. “No ha habido claridad en términos de una estrategia de tratamiento (a las autodefensas): primero se les rechazó, luego se les incorporó, luego se detuvo a algunos de sus líderes”, dijo López Montiel al respecto. Las autoridades y 20 representantes de las autodefensas acordaron el lunes 11 puntos para darle una solución legal a la conformación de los grupos de civiles armados en dicha entidad mexicana.Entre otros puntos, la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán y las autodefensas acordaron la entrega de armamento de grueso calibre y la finalización del registro de otras armas, así como la inscripción de los integrantes de este movimiento a cuerpos de seguridad legalmente establecidos, como la Policía Rural y los Cuerpos de Defensa Rurales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).”Se establece que a partir del 11 de mayo los grupos de autodefensas reconocen y aceptan que cualquiera de sus miembros que no se sujete a estos acuerdos, podrá ser detenido y consignado ante los tribunales”, indicó el gobierno federal en un comunicado.

Michoacán | Pendientes

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Investigaciones

Para los analistas, dos temas clave que debe considerar el operativo gubernamental en Michoacán son las investigaciones sobre políticos presuntamente ligados a la delincuencia y el seguimiento a los apoyos federales al desarrollo estatal.




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