Gobierno intenta atajar el vacío de poder en Michoacán

MÉXICO (EFE).- El Gobierno de México dio hoy un manotazo sobre la mesa para intentar resolver el vacío de poder en el estado de Michoacán, aunque las soluciones anunciadas pueden quedarse cortas porque no atienden problemas de fondo, según los analistas.

“Lo de Michoacán no es un problema de seguridad pública; lo que se está enfrentando es un conflicto armado”, dijo a Efe Alejandro Hope, del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), institución que maneja temas políticos y de administración pública.

En vastas regiones de Michoacán, y específicamente en la llamada Tierra Caliente, tienen una fuerte presencia cárteles del narcotráfico como “Los Caballeros Templarios”. Controlan rutas, cultivan amapola y marihuana y producen drogas sintéticas.

El Gobierno federal extendió su presencia allí el año pasado, para controlar rutas y territorio, pero en muchos municipios las fuerzas locales, sospechosas de connivencia con los narcotraficantes, son la única señal de autoridad.

Ante el vacío de poder, desde hace varios meses han surgido grupos de autodefensa que, como reconoció hoy el secretario (ministro) de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, han propiciado “un acelerado proceso de destrucción del tejido institucional”.

Y se decidió intentar poner remedio- la seguridad de los municipios de la Tierra Caliente quedará a cargo de instituciones federales, “en coordinación con las autoridades del Estado”, según anunció Osorio Chong, que dio a conocer otras medidas de seguridad.

Ya el pasado 4 de noviembre, el Gobierno federal encargó a tropas policiales y militares reforzar la seguridad de un estratégico puerto, el de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, ante las sospechas de que era utilizado por el narcotráfico.

Unido a ello, el Gobierno dio hoy un ultimátum a los grupos de autodefensa- o se desarman o se alistan a los cuerpos de seguridad institucionales. Si no, se aplicará la ley “de manera rigurosa e indiscriminada”, advirtió Osorio Chong.

Pero los analistas descartan que vaya a ser fácil ese paso, y así lo han confirmado hoy dirigentes de los grupos de autodefensas- si se desarman y vuelven a sus comunidades, pueden ser asesinados, por lo que primero deben ser desarmados los narcotraficantes.
“Ni de broma se van a desarmar. Ni de broma se van a retirar a sus comunidades”, sostiene Hope sobre ese ultimátum oficial.

Parte del problema radica en las señales de confusión que ha dado el Gobierno ante el fenómeno de estos grupos de autodefensa que surgieron con fuerza el año pasado. Mientras pedía que se desarmaran, se mostraban tolerante o colaborador con esos grupos.
“La estrategia del gobierno federal frente a las defensas comunitarias ha sido errática y confusa, lo que refleja que bien a bien, no sabe qué hacer”, sostiene José Antonio Crespo, catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

El Gobierno mexicano ha venido intentando el diálogo con estos grupos desde el año pasado, con el mismo mensaje que hoy han reiterado, pidiendo también su desarme, pero, lejos de disminuir este fenómeno, se ha incrementado.

A uno de los dirigentes de estos grupos de autodefensa de Michoacán, José Manuel Mireles, el Gobierno lo apoyó, lo custodió y lo transportó en helicópteros oficiales cuando recientemente sufrió un accidente aéreo en Michoacán.
“El Gobierno federal parece tan confundido, tan desesperado, que ha llegado a considerar que el paramilitarismo puede colaborar con la pacificación del país”, comentó hoy el analista Jesús Silva-Herzog en el diario “Reforma”.

Unido a ello, en Michoacán se vive una crisis política de fondo por un Gobierno del estado que, según palabras de Hope, “es peor que inútil”. “Genera una gran desconfianza entre las autodefensas”, agrega

El gobernador, Fausto Vallejo, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), estuvo alejado del poder por siete meses por problemas de salud, y a su retorno, en octubre pasado, tampoco ha habido muchos cambios.

Si no tienen resultado inmediato las medidas anunciadas hoy, Michoacán seguirá siendo escenario de lo que Hope insiste en llamar un típico conflicto entre varios grupos armados ilegales.
“No hay otra manera de describirlo, y esto va a requerir de una solución política”, sostiene el investigador.




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