“El chapo”, financiado

Pensiones estatales a disposición del Cártel de Sinaloa

Una de las operaciones realizadas en México en busca de integrantes de los distintos cárteles de la droga. La foto corresponde al Distrito Federal

MÉXICO.- El Cártel de Sinaloa, que encabeza Joaquín “El Chapo Guzmán”, logró infiltrar las finanzas públicas de San Luis Potosí en la administración del gobernador Fernando Toranzo Fernández a través de la Dirección General de Pensiones del estado, según indica el portal de internet de proceso.com.mx.

De acuerdo con documentos cuya copia obtuvo el semanario, muestran que en 2011 el titular de la dependencia estatal, Oziel Yudiche Lara, fundó en Miami una empresa fachada que operan Daniel Fernandes Rojo Filho y Pedro Benevides, identificados por el gobierno de Estados Unidos como lavadores del Cártel de Sinaloa.

Desde 2010, Yudiche Lara había puesto los fondos de pensiones de la entidad a disposición de la red de lavado del cártel.

De acuerdo con la edición de Proceso 1943, un informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos señala a Fernandes Rojo Filho y Benevides como operadores financieros del Cártel de Sinaloa. Ambos son investigados desde 2008 por la agencia antidrogas DEA y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por presuntas actividades de lavado de dinero y de narcotráfico

Mediante una red de más de 25 compañías fachada creadas en Florida y Panamá, así como cuentas en 12 bancos en Estados Unidos, los dos “empresarios” vinculados a la organización criminal de “El Chapo” Guzmán realizaron una estafa mundial para ocultar dinero proveniente del narcotráfico.

De acuerdo con expedientes abiertos en cortes federales de Florida y Arizona desde 2008, Rojo Filho, como lo identifica la justicia estadounidense, y Benevides, utilizaron pirámides de inversión fraudulentas o esquemas Ponzi, igual que inversiones en inexistentes plantas de energía renovable, para transferir al menos 213 millones de dólares entre diversas cuentas. Así consiguieron revolver el dinero del fraude financiero con el del tráfico de drogas y prácticamente imposibilitaron que se aclarara el origen y el destino del dinero.

Como piratas modernos, también “enterraron” más de 100 mil onzas de oro en dos depósitos de valores en los estados de Delaware y Texas, cuyos verdaderos dueños hasta ahora no han asomado la cabeza.




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