Avanza la Fiscalía General

Aprueban más modificaciones en materia política

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Alberto Villarreal (izquierda) y Manlio F. Beltrones, en la Cámara Baja


MÉXICO (Notimex).- La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 409 votos a favor, 69 en contra y tres abstenciones, la minuta de la reforma constitucional en materia político-electoral, que establece la creación del Instituto Nacional de Elecciones y de la Fiscalía General de la República, que sustituirá a la PGR.

También avaló que la toma de posesión del presidente de la República sea el 1 de octubre, el cambio de la fecha de las elecciones intermedias al primer domingo de junio a partir de los comicios de 2015, la posibilidad de conformar gobiernos de coalición y la reelección de legisladores federales hasta por 12 años.

Por su parte, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó la reglamentación de la consulta popular y de las iniciativas ciudadanas y preferentes, así que serán integradas a la minuta de reforma política-electoral que está punto de discutir el pleno de San Lázaro.

Estreno en 2015

De aprobarse en el Congreso, la consulta popular podría ser estrenada en 2015, en temas como el energético si es que el Senado aprueba cambios constitucionales en el sector petrolero.

El dictamen sobre consulta popular, que fue aprobado en comisión por 23 votos a favor y dos en contra, eliminó el artículo 30 que desde el punto de vista del PRD limitaba los alcances de la misma, sin embargo el legislador perredista José Ángel Ávila se reservó tres artículos para matizar la efectividad del dictamen.

Entre las cualidades de esta reforma, se destaca que sólo se podrá llevar al cabo el mismo día de la jornada electoral federal y los resultados, en caso de cumplir con todos los requisitos, serían vinculatorios, es decir, se deberán atender y hacer los cambios conducentes.

La consulta popular será vinculatoria siempre que la participación total corresponda al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores y los temas que no podrán llevarse a consulta son: derechos humanos reconocidos en la Constitución, los ingresos y egresos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas.

Los sujetos facultados para solicitar una consulta popular son: el Presidente de la República; el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso y los ciudadanos en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos a la lista nominal.

En cuanto al Senado, aprobó por unanimidad en lo general el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que abroga el federal que está vigente desde 1934.

El nuevo ordenamiento reglamenta los juicios orales y entrará en vigor a nivel federal de manera gradual, y fue descrito por los senadores que dictaminaron el decreto como un instrumento que hará realidad el nuevo sistema de justicia penal.La minuta con proyecto de decreto que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales fue enviada a revisión a la Cámara de Diputados. Los senadores Roberto Gil, del PAN, presidente de la Comisión de Justicia, y Alejandro Encinas, del PRD, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, así como Manuel Camacho (PRD); Pablo Escudero del PVEM; Pilar Ortega (PAN); Arely Gómez del PRI; José Martínez (PAN) y Angélica de la Peña (PRD) dijeron que el Código Nacional de Procedimientos Penales enorgullece a quienes participaron en la elaboración del dictamen. “Se abandona el proceso inquisitorio, oscuro y sin debate probatorio ante el juez, y por el contrario, señala los procedimientos para los juicios orales con respeto a los derechos humanos”.

Pablo Escudero (PVEM), dijo que los legisladores que trabajaron en el dictamen del Código Nacional de Procedimientos Penales “estamos muy orgullosos de nuestra participación en un instrumento jurídico que cambiará la justicia en México”. Manuel Camacho (PRD) felicitó a las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, por el trabajo excepcional, dijo, que llevaron a cabo.Arely Gómez (PRI) destacó que el código prohíbe la exposición en medios de comunicación de imputados; además, subrayó que la libertad es la regla y la prisión será excepción, y así disminuirá el número de personas en prisión preventiva. Incluso se da prioridad a la preparación del daño de la víctima u ofendido por un delito, y mediante la alternativa de solución de controversias se buscará evitar juicios largos, dijo la senadora Arely Gómez.




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