Policía corto

Un juez determinó ayer que se violaron los derechos y se obtuvieron pruebas ilegalmente contra dos presuntos narcomenudistas detenidos por la SSP. “Se violó el principio de presunción de inocencia”, determinó el juez Luis Mendoza Casanova, la noche del domingo cuando se celebró una audiencia. La SSP detuvo sin motivo aparente a los acusados y cuando supuestamente “había un intercambio de manos”, es decir, en el momento en que se realizaba la supuesta venta, a unos metros de los agentes de la SSP. En realidad, hubo una persecusión, como alegaron los inculpados. Otra práctica, “recibir declaraciones” de los detenidos, propició la liberación, pues la supuesta confesión de los acusados a los agentes preventivos es ilegal, pues los agentes carecen de facultades para esa labor investigadora. Otro principio que no fue respetado es el de “no autoincriminación”. La fiscalía adscrita al Juzgado 1o. Oral insistió en una vinculación a proceso por posesión de drogas “con fines de suministro”, pero tampoco progresó y los tres acusados fueron liberados.-

Cumpleaños con sentencia

Cristóbal Geovanny Barrientos Dzib llegó a la rejilla metálica del Juzgado 2o. Penal sonriendo, “oliendo” a comida y preguntó el motivo por el cual lo llamaron. “Es tu sentencia”, le informó la actuaria de ese tribunal, quien enseguida le dijo que pasará en prisión tres meses más. “Buen día para recibir sentencia, ya sé cuándo salgo. Buen día porque hoy es mi cumpleaños”, comentó el detenido, acusado de herir a su ex amasia con un cuchillo en enero. Se le impuso 10 meses 10 días de prisión y el pago de una multa. Sonriendo, agregó que es su cumpleaños y que cocinó pescado para él y sus compañeros de módulo. “El pescado lo compré con lo que ganó aquí en una chambita”, añadió. La denuncia fue promovida por María del Rosario López Valle, quien dijo que “sin compromiso” fue a vivir a un departamento del inculpado, pero éste lo agredió con un cuchillo porque le quejosa no aceptaba seguir una relación con Barrientos Dzib. Sin embargo, el detenido niega la agresión y en enero cuando declaró dijo que ese problema lo tiene “por estar dando posada”. “En realidad ella me lastimó, con el cuchillo y con sus uñas, pero vino la policía y a ella le creyeron”, dijo el inculpado cuando a principio de año declaró. Los hechos fueron en el Centro.-

“Aparecen” colombianos

Dos colombianos presuntamente “desaparecidos” en su departamento de Itzimná por agentes de la SSP fueron hallados en Migración, donde se revisa si están autorizados a permanecer en el país. Hubo otra “desaparición”, en la colonia Cinco Colonias, donde una persona fue detenida en su casa y se desconoce su paradero. La “desaparición” de los colombianos, como publicamos, fue el jueves al mediodía, cuando tripulantes de la patrulla 5848 detuvieron a Oscar Zaluaga y Harrison Hernández. No hubo mayores explicaciones, hasta que un coterráneo de los aprehendidos averiguó del paradero. Los extranjeros tienen varias semanas de radicar en el Estado. Por otro lado, Cornelio Tuz Poot fue sacado de su casa “por civiles, desconocidos” que se lo llevaron sin mayores explicaciones. La detención fue en la casa 398 de la calle 135 de Cinco Colonias, donde los desconocidos revisaron un automóvil. El vehículo quedó con los asientos rotos por la revisión en aparente búsqueda de “algo ilícito”, según versiones de quienes presenciaron la detención. Horas más tarde se desconocía del paradero de Tzuc Poot, pues sus familiares acudieron a la Fiscalía General donde les informaron que no estaba en poder de esa dependencia.-

Busca un amparo

Al insistir en su inocencia, Mario Gutiérrez Cervantes pidió Amparo contra el Juzgado 7o. Penal que lo declaró formalmente preso por el despojo de una casa del Centro, que le atribuyen. Fue acusado por herederos del inmueble donde funcionó el “Gato Negro”, en la confluencia de las calles 56 y 61. El acusado tiene derecho a fianza, pero no tiene dinero para pagar la cantidad que se le fijó. Por lo tanto, sigue detenido y a los pocos días que se acordó su formal prisión pidió amparo contra ese acuerdo. Gutiérrez Cervantes alega que sus abuelos y padres tenía contratos de arrendamiento con los dueños del inmueble y, por ese motivo, considera que no hubo despojo y el caso sería de índole civil y no penal.-




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