Policía en corto

Baldemar Osalde Pech, acusado de robar en un juzgado Mixto de Progreso

Otro caso de aborto, con peligro de que la madre pierda la vida, se registró en esta ciudad: una madre soltera dijo que no podía sostener al producto de una relación pasajera. Además, el padre del bebé, identificado como “La Mosca”, está detenido en el Cereso meridano. Apenas ayer publicamos que los jóvenes Víctor Javier Ramírez Barbosa y su amasia, una menor, de 17 años, fueron detenidos por un aborto que presuntamente provocaron. Al acusado también se le atribuyó corrupción de menores a pesar de que la joven vive con el inculpado desde hace tres años y tienen un niño.

El nuevo caso se registró en el Juzgado 2o. Penal, donde Nidia Gabriela Mena Estrella se abstuvo de declarar en fase preparatoria. La Fiscalía General le atribuye haberse provocado un aborto con un fármaco de venta libre. Es el mismo medicamento que se habría utilizado en el caso anterior. De 30 años, con un hijo aún menor, la joven señora declaró en el Ministerio Público que tomó esa decisión porque no tiene recursos para sostener al bebé y el padre está preso. En septiembre, relató, acudió a una reunión, ingirió cervezas y sostuvo relaciones con “La Mosca”, empleado, al igual que ella, de un comercio del Lucas de Gálvez.

Ante la confirmación de un embarazo “una amiga” le sugirió unas pastillas, las que adquirió en una farmacia del Centro. Unas tomó y otras se introdujo, lo que le causó un aborto parcial. Luego la alarma por fuertes dolores y sangrado. La joven pidió ayuda y una tía la llevó a un hospital, donde se le practicó un legrado. De la Mercedes Barrera, la inculpada proporcionó esos detalles en la Fiscalía General, pero ayer, en el juzgado, declinó declarar. Su defensa pidió que le fijen una fianza.

Baldemar Osalde Pech, acusado de robar papel bond e higiénico en un juzgado Mixto de Progreso, señaló que la acusación en su contra es “un cuatro, una trampa. Me detuvieron cuando estaba trabajando como intendente, salí y me agarraron. Luego supe que me acusaron de robar papel sanitario y bond, lo que no es cierto”, manifestó el inculpado en declaración que rindió en el Juzgado 1o. Penal, tribunal que pertenece al mismo Poder Judicial donde se habría cometido el hurto. Osalde Pech dice que llegó a laborar poco antes de las ocho de la mañana y más tarde le informaron que “me buscaban” en la calle, salió y fue aprehendido por la policía municipal de ese lugar. Más tarde, la jueza Nancy Cárdenas formalizó la denuncia. Los hechos fueron el lunes, en ese puerto, donde funciona desde hace varios años el Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar. Se calcula que el importe del robo es de cerca de $6,000, de los cuales se recuperó la mitad. El inculpado pidió que le fijen una fianza.-

“La cartera la encontré en la calle, la iba a agarrar cuando esa mujer (la denunciante, María Ana Abán Narváez) me dijo que era de ella. Entonces no la agarré, pero la policía me detuvo”, manifestó Francisco Dzul Poot. Al inculpado se le atribuye entrar a una tienda de Dzununcán la tarde del lunes y luego de agredir a la dueña le quitó una cartera con $6,000. “Eso me pasa por p.., por agarrar algo tirado. La seño esa es una chismosa, no entré a la tienda ni le hice nada”, expresó en declaración que rindió en el Juzgado 2o. Penal. “Cuando me dijo que era de ella la cartera no la agarré, seguí caminando, pero me detuvieron. La policía dice que me quitó la cartera, pero en realidad esa señora se la dio a ellos y también les dio para sus cocas”, siguió. Dzul Poot relató que tenía $300, dinero que le dieron prestado en su trabajo. No tiene derecho a fianza porque le atribuyen robo con violencia.-

El Juzgado 2o. de Ejecución de Sanciones informó ayer a César Rodríguez Lara, alias “Encajuelador”, que no procede una queja contra funcionarios del reclusorio meridano. El argumento para desechar la acusación es que los hechos ocurrieron en 2002. Esta queja surgió en la audiencia que se realizó para analizar una petición de Rodríguez Lara: reducción de sentencia por beneficios y libertad anticipada. Este punto aún no se resuelve, pero se espera que también sea en sentido negativo, ya que tanto la Fiscalía adscrita a ese juzgado como un comité interdisciplinario se oponen.

El acusado y su defensa afirman que no se ha cumplido una ley, en su caso, de readapatar a Rodríguez Lara, quien lleva 15 años preso de los 25 que se le impuso por ultimar al jardinero José Luis Cauich. El sentenciado, como informamos, niega el homicidio, pero afirma que “compró un cuerpo” en $50,000 para hacerlo pasar como de él y de esa manera cobrar seguros de vida, lo que se hizo. En su queja por los hechos ocurridos en 2002, Rodríguez Lara afirma que fue puesto en una celda de castigo y le dieron para oler ácido, lo que le causó un mal pulmonar. También dijo que cometieron con él otras irregularidades.-




Volver arriba