Policía en corto

César Rodríguez Lara, "El Encajuelador", insistió en que le otorguen beneficios y lo liberen 10 años antes de cumplir la condena de 25

Fianza de cerca de $2.700,000 se fijó al camionero Israel Abraham Samos May, quien el domingo por la tarde causó mortal choque cerca del Panteón Florido. Una aseguradora se haría cargo del caso remitido al Juzgado 7o. Penal. Samos May declinó declarar, con el argumento de que se reserva ese derecho. En el juzgado 7o. Penal, el detenido se limitó a ratificar lo que expresó en el Ministerio Público: al rebasar un camión estacionado invadió el carril contrario y chocó de frente una motocicleta. En este último vehículo viajaban los esposos Milched Aurelio Farfán y María Margarita Estrella Poot, quienes fallecieron.

La declaración del detenido y sus compañeros de parranda señala que los hechos comenzaron a gestarse cuando Samos May, Jaime Alberto Parra Leal y José Alexis González Sosa, todos camioneros, acordaron reunirse para comer chicharra en un Oxxo de Pensiones Etapa VIII, el domingo al mediodía. “Se nos antojó una cerveza, compramos una canastilla y yo tome dos”, dijo el detenido en el Ministerio Público, versión que reiteró ayer. Aunque el dictamen médico afirma que en realidad ingirió más cantidad de alcohol, insistió en las “dos cervezas”. Todos, en horas de la tarde decidieron llevar a uno de los amigos del acusado a su casa de Vergel 65, por lo que tomaron rumbo a la Itzaes y luego por el Panteón Florido, donde ocurrió el choque.- R.F.G.

Ríspida diligencia se registró ayer en la que el “encajuelador” César Rodríguez Lara insistió en que se le otorguen beneficios de ley y sea liberado 10 años antes de cumplir condena de 25. En la jornada anterior, como publicamos, el detenido negó el homicidio, pero admitió haber “comprado un cuerpo” a alto funcionario de la Procuraduría, en los 90, para hacerlo pasar como si fuera él y de esa manera cobrar seguros de vida. La audiencia de ayer, del Juzgado 2o. de Ejecución de Sanciones, fue para recibir declaración del director del penal, Francisco Brito Herrera, a quien atribuyen ordenar castigos contra Rodríguez Lara. No acudió el director, sino el reponsable del área jurídica, Andrés Rosado. El defensor Antonio Ongay Lara insistió en que la cita fue para el director del reclusorio y no para un subalterno. No se le concedió. También pidió al fiscal adscrito sea mesurado en sus expresiones hacia esa parte. “Agradezco a Israel Echeverría (representante de la dirección de Prevención) que confirme que el sentenciado ha estado como en un campo de concentracion nazi, sin oportunidades de participar en actividades propias de una readaptación social, dijo a una intervención del funcionario. Hubo otros motivos de discusión, en torno a la comparecencia y los derechos del detenido.- R.F.G.

Dos jóvenes que viven en unión libre y tienen un hijo fueron detenidos por provocar un aborto en un segundo embarazo. La detenida, menor de edad, tiene custodia policial en el hospital O’Horán, donde se recupera de las lesiones que sufrió al tomar pastillas hasta conseguir parcialmente el aborto. En ese nosocomio se le hizo un legrado. Víctor Javier Ramírez Barbosa fue consignado a un juez penal, donde ayer negó parcialmente los hechos. “Como ella tenía retraso (en su menstruación) tomó pastillas como esas del día siguiente, pero no teníamos la certeza de que estuviera embarazada”, señaló el detenido en el Juzgado 6o. Penal. A Ramírez Barbosa se le acusa, además de provocar el aborto, de corrupción de menores, ya que su “pareja sentimental” tiene menos de 18 años.

La Fiscalía General considera que hay delito en esa relación a pesar de que cohabitan desde hace tres años. Los hechos comenzaron en una casa de la Nueva Mulsay, donde la joven se introdujo ocho pastillas que el detenido compró en una farmacia a $100. El dueño de la farmacia, según las investigaciones, vendió “pastillas para la úlcera gástrica” que Ramírez Barbosa le solicitó y no exigió receta médica porque no es necesario. “Yo sé poco de Medicina, quise darle a ella algo como lo de la pastilla del día siguiente, ella me lo pidió, pero no sabíamos del embarazo”, insistió el acusado, quien no tiene derecho a una fianza. Dictámenes médicos indican que las pastillas provocan aborto en determinadas circunstancias.

La joven, casi desmayada, fue llevada el domingo por la mañana al hospital luego de un profuso sangrado. Tenía siete semanas y media de gestación. La menor no declaró porque era atendida por medicos cuando acudió un agente de la Fiscalía General a investigar el caso.- R.F.G.




Volver arriba