No se libra de culpa un menor amparado

Explican detalles y alcances de una resolución federal

Santiago Altamirano Escalante, magistrado del Poder Judicial

El amparo concedido el jueves a uno de los dos adolescentes acusados de la violación y el homicidio de una niña en San José Tecoh no representa un beneficio absoluto para el procesado ni lo exculpa. Por tanto, no debe ser interpretado como una patente de impunidad, según explica Santiago Altamirano Escalante, magistrado de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes en Yucatán.

En una entrevista, el funcionario del Poder Judicial del Estado detalla los alcances de la resolución federal, que, como publicamos, permitió la liberación del adolescente, que tenía 14 años de edad cuando ocurrió la tragedia en el sur de Mérida, en marzo de este año.

Hay otro menor involucrado -de 17 años-, que fue sentenciado a pasar diez años de reclusión en el Centro Especializado en Aplicación de Medidas para Adolescentes (Ceama). Si se cumple la totalidad de la condena tendrá 27 años al salir de esas instalaciones y nunca pasará al Centro de Reinserción Social (Cereso), de acuerdo con las nuevas reglas.

El magistrado Altamirano Escalante formula, entre otros, los siguientes conceptos:

-Con el modelo de justicia anterior, del tipo inquisitorio, los tiempos de un proceso eran más largos. La Ley de Amparo preveía esos tiempos y se ajustaba en forma adecuada.

-Si un juicio ordinario penal por robo demoraba un promedio de dos años no había problema al promoverse un amparo y que éste se resolviera en siete meses, por ejemplo, porque el proceso ordinario daba para eso y más.

-¿Qué ocurre ahora? Que en el proceso para adolescentes, al igual que para los adultos en algunas zonas, ya es más ágil. Un proceso ordinario penal te lleva un promedio de tres a cuatro meses, y la disposición relativa a las medidas cautelares, sobre todo de privación de la libertad, prevé que el tiempo máximo para esas medidas sea de un máximo de cuatro meses.

-En el caso que nos ocupa, el adolescente promovió un primer amparo contra la vinculación (formal prisión). el juez de Distrito resuelve que el proceso es correcto y éste puede seguir.

-Se desahoga el proceso y cuando el juzgado de oralidad de justicia para adolescentes ya iba a emitir la sentencia, ese mismo día terminaban los cuatro meses de medida cautelar. Finalmente se emite la sentencia, se determina el inicio de su cumplimiento y el adolescente se inconforma por la medida, precisamente alegando que había vencido el plazo de la medida cautelar.

-El acusado promueve un segundo amparo y el Juzgado de Distrito le ordena al juzgado para adolescentes que emita una medida distinta, con base en las determinaciones del Ministerio Público. En el nuevo modelo los jueces no pueden actuar de manera unilateral, sino a petición de parte.

-Mientras se emite esa medida distinta, el juzgado ordena la liberación del adolescente. Eso no significa que éste no tenga responsabilidad o que se diga que no es culpable. Al contrario, sí tiene responsabilidades.

-Con su resolución, el juez de Distrito tiene que darle al adolescente tiempo para que use algún recurso de inconformidad, si así lo quiere. Si no utiliza ese recurso tendrá que empezar a cumplir su sentencia.

-Si la gente no tiene claridad en la información sobre estos procesos se podría pensar que no hay culpabilidad en el procesado o que hubo error de alguna de las partes que tienen que ver con el proceso, cuando realmente no es así en este caso.

-Si lo enfocamos en la prevención, la gente preferirá no denunciar cuando piense que no hubo consecuencia del hecho delictivo. Esto es negativo porque alienta la impunidad.

-Otro punto es que hay que tomar en cuenta nuestra participación en la formación de los hijos.

-Seguimos con la difusión del programa Debes Saber (de prevención, promovido por la Sala a su cargo). Por las vacaciones escolares suspendimos una serie de talleres que habíamos acordado con escuelas y facultades de Derecho, pero los reanudaremos en enero.- ÁNGEL NOH ESTRADA

Justicia | Datos

La nueva Ley de Justicia para Adolescentes entró en vigor en febrero de 2012.

Dos grupos

La ley considera a dos grupos etarios susceptibles de sanción: los de 12 a menos de 14 años de edad y los de 14 a menos de 18.

Consecuencias

A los primeros se les imponen medidas o sanciones fuera del Centro Especializado en Aplicación de Medidas para Adolescentes (Ceama). Los segundos pueden afrontar consecuencias con reclusión,




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