Exoneran a funcionarios

Exoneran a funcionarios

La Fiscalía desecha una denuncia por millonario desvío

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La Fiscalía General del Estado exoneró a funcionarios de la pasada administración municipal acusados del desvío de $250 millones del erario, informó la directora de Gobernación, Lizette Mimenza Herrera.

Entre los denunciados están la ex alcaldesa y actual senadora Angélica Araujo Lara, el ex alcalde interino Álvaro Lara Pacheco y el ex tesorero Carlos Bastarrachea Lara.

La funcionaria agregó que el actual gobierno municipal se inconformó contra esa resolución. Interpuso un recurso de revisión respecto a esa decisión de la Fiscalía de no ejercer la acción penal contra los ex funcionarios, pues considera que no se tomaron en cuenta pruebas periciales aportadas sobre ese caso.

Decisión

Indicó que el 24 de diciembre, un día inhábil, la Fiscalía tomó la decisión de no ejercer la acción persecutoria.

Y para ello se basó sólo en una diligencia que consistió en preguntar a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) si ésta hizo alguna auditoría a la cuenta pública del Ayuntamiento durante 2012. Ésta contestó que no la había terminado.

Sin embargo, ello bastó para que el Ministerio Público determinara que no hay delito que perseguir y cerró la denuncia que hace casi un año, en abril de 2013, interpuso el actual Ayuntamiento.

Cantidad desviada

Los $250 millones presuntamente desviados son una cantidad muy superior a los $150 millones del préstamo bancario que hizo la actual administración a fin de tener recursos para realizar obras y servicios.

Pruebas no valoradas

La Dirección de Gobernación consideró que la Fiscalía no tomó en cuenta pruebas periciales en materia de auditoría que muestran que al menos hubo 10 irregularidades que ocasionaron daño patrimonial a todos los meridanos y que pueden constituir delitos.

Luego explicó que al Ministerio Público corresponde por ley la función investigadora y persecutora de delitos, y que la auditoría de la ASEY es una revisión contable y aleatoria, de modo que “no puede ser vinculante”. Esa auditoría tampoco es requisito para que la Fiscalía cumpla con investigar y consignar a los presuntos responsables.- Hansel Vargas Aguilar

El caso Angélica Araujo

LOS $250 MILLONES

El Ayuntamiento considera que se exonera a funcionarios del pasado gobierno municipal.

Explicó que al Ministerio Público corresponde por ley investigar y perseguir delitos, y que la auditoría de la ASEY es una revisión contable y aleatoria, de modo que “no puede ser vinculante”. Esa auditoría tampoco es requisito para que la Fiscalía cumpla con investigar y consignar a los presuntos responsables.

La Comuna deploró que el Ministerio Público se basara en una auditoría que ni siquiera está terminada, y que independiente del resultado que arroje el auditor la Fiscalía está obligada a investigar los hechos y determinar si constituyen o no un delito.

La autoridad municipal sostiene que el Ministerio Público no cumplió su labor de comprobar si existe el cuerpo del delito y la responsabilidad de los indiciados. Debió allegarse de elementos probatorios y los que presentó el denunciante e investigarlos, pero nada de eso ocurrió en este caso.




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