Audiencia por el lío de las lámparas

Audiencia por el lío de las lámparas

El Ayuntamiento de Mérida respondió este miércoles a la convocatoria del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa para participar en la audiencia de pruebas y alegatos como parte del proceso legal que interpuso contra ABC Leasing por el arrendamiento de luminarias que no cumplen la norma oficial para alumbrado público.

En la audiencia que presidió el Magistrado Miguel Diego Barbosa Lara presidente de la instancia de justicia, cuestionó a las partes involucradas representadas por José Carlos Puerto Patrón subdirector Jurídico de la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Mérida y por Francisco Moya Gómez secretario del Consejo Administrativo y vocero de la arrendadora antes citada, que alega que el contrato fue terminado unilateralmente de forma anticipada.

Como parte de la audiencia, informa la Comuna en un comunicado, el representante de la arrendadora admitió que esa empresa no cuenta con experiencia ni personal capacitado en materia de alumbrado público, además de reconocer que las luminarias de inducción magnética que instaló son fluorescentes, lo que está prohibido o fuera de norma para el alumbrado público que debe brindar un municipio.

En su mayoría, las respuestas del representante de la arrendadora hacia el Magistrado se tornaron con evasivas, de modo que se determinó que se le tuviera por confeso ante los cuestionamientos, que son fundamental en este proceso legal.

La audiencia de este miércoles es parte del proceso legal entre ambas instancias, dio inicio a las 11:00 horas y se suspendió a las 18:00 horas, fijándose nueva fecha para su conclusión el próximo jueves 6 de febrero de 2014, esto con el objeto de tener el tiempo suficiente para conocer los dictámenes presentados.

Por su parte, AB&C Leasing difundió en un boletín la siguiente declaración de Francisco Moya: “Estamos confiados en obtener una resolución favorable a la empresa ya que tenemos la verdad legal y consideramos improcedente la terminación anticipada de contrato que hizo el Ayuntamiento de Mérida. Confiamos en que las instituciones judiciales resolverán conforme al Estado de Derecho y los habitantes de Mérida tendrán la certeza jurídica de quién realmente afectó sus intereses”.

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