“Fotografía” de los mayas

Harán exhaustivo padrón estatal de grupos indígenas

3_140214p12mayasphoto01

Más de dos años después de que entró en vigor la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya, se dio el primer paso para cumplir una disposición de esa norma, que es elaborar un “registro” estatal de los grupos que forman parte de ese sector.

Habrá que esperar otros dos años o más para ver el resultado de ese levantamiento, pues es el tiempo que llevará realizarlo. El trabajo estará coordinado por una investigadora del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”, de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

Otra acción pendiente es nombrar al “juez maya” de cada comunidad, figura creada en esa norma.

La legislación fue aprobada en abril de 2011, pero entró en vigor ocho meses después, en enero de 2012.

Se dio al Indemaya 180 días para elaborar un diagnóstico integral de las comunidades mayas y ayudarlas a designar a sus jueces.

A las autoridades estatales y municipales se les otorgó ese mismo plazo para ajustar sus normas legales y reglamentarias a esa ley.

Ayer la directora del Indemaya, Elizabeth Gamboa Solís, y el delegado de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Jesús Vidal Peniche, firmaron un convenio a fin de que esta última ofrezca asesoría para elaborar el “registro” de las comunidades mayas.

En ese acto, efectuado en el local de la primera dependencia citada, se dijo que en un mes más se firmará otro convenio con la Uady a fin de que el centro de investigación de esa casa de estudios elabore el trabajo. La coordinadora de la universidad será la investigadora Rocío Quintal López.

Se usarán una metodología similar a la que aplicó el gobierno de Hidalgo en un registro de ese tipo, el cual costó $3 millones y llevó dos años realizarlo. Se aclaró que en Yucatán sólo se cuenta con $300,000 (el 10% de esa cantidad) aportados por el Indemaya.

El trabajo comenzará con esos recursos mientras la dependencia federal ya citada envía el resto del dinero.

Ante la dificultad de los funcionarios por explicar en qué consiste ese “registro” de las comunidades mayas, la investigadora aclaró que no es un censo ni encuestas, y es diferente -”es más completo”- a los datos que hay al respecto del Inegi y la Sedesol.

La principal diferencia es que se harán asambleas en cada comunidad, a fin de que, mediante un método participativo, sean los habitantes quienes expongan cuáles son las características que las distinguen.

En esas juntas se hablará sobre los problemas que se tienen, los servicios públicos, la religión, la migración, la salud, la educación, las costumbres, las tradiciones y otros temas más.

Las comunidades son las que determinarán si se consideran mayas o no.

-Será una fotografía, pero hecha a partir de las propias voces de esas comunidades -subrayó la investigadora.- Hansel Vargas Aguilar

Comunidades mayas | Registro

Con ello se tendrá “un padrón de identidad que servirá para poner en marcha políticas públicas”.

¿Para qué servirá?

Vidal Peniche dijo que esa iniciativa es importante porque permitirá identificar las necesidades apremiantes en las comunidades consideradas de alta y muy alta marginación.

Por mandato de ley

Ese registro debe realizarse porque así lo ordena la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya, la cual entró en vigor hace dos años.

Los jueces mayas

En la junta no se dijo si la realización del registro incluirá el nombramiento de los jueces mayas, una nueva figura creada en esa norma estatal.




Volver arriba