“Piedras en el zapato”

Los recursos del Ramo 33, bajo la lupa ciudadana

Patricia McCarthy Caballero, del Frente Cívico Familiar (izquierda), con Paulina Gutiérrez Jiménez, representante de la Unión Europea

La activista Patricia McCarthy Caballero, una de las coordinadoras del Frente Cívico Familiar, afirmó que sólo la contraloría social ciudadana puede ser el contrapeso al poder público porque los mecanismos de vigilancia gubernamental no funcionan.

Entrevistada sobre los obstáculos que enfrentan representantes de la sociedad civil que colaboran con la Unión Europea en la vigilancia del Ramo 33 en Yucatán, Patricia McCarthy dijo que “las autoridades municipales tienen que dejar de ver a las organizaciones civiles como una piedra en el zapato, como enemigos con negras intenciones” y colaborar con ellas.

Lo que se busca, añadió, es que el dinero público se aplique como dice la ley, en obras que cambien el rostro de pobreza de los municipios.

También recordó que este año el Ramo 33 asigna $1,200 millones a Yucatán. Cada mes los alcaldes de los 106 municipios reciben el dinero público, el cual está etiquetado y no se debe gastar en lo que quieran los alcaldes sino en lo que marca la ley.

La activista indicó que los recursos del Ramo 33 están destinados para combatir el rezago social y un comité debe aprobar y vigilar las obras que se proyecten.

“Los ciudadanos deberían estar dispuestos a conocer sus derechos y exigir a las autoridades que los tomen en cuenta y apliquen correctamente los recursos”, agregó. “Reuniones como las que tuvimos con el Ayuntamiento de Mérida, donde participaron funcionarios y regidores, no se dan todos los días en Yucatán. En los municipios del interior del Estado nos ven como negativos y con negras intenciones. La única negra intención es que cumplan la ley, atiendan las necesidades del pueblo y apliquen honestamente los recursos”.

Los colaboradores de la Unión Europea, que como publicamos son rechazados en Tizimín, Sanahcat y Motul, organizan talleres de información para alentar la cultura de la participación ciudadana en el programa del Ramo 33 y verifican que las obras cumplan con la calidad y plazos del contrato.

“Las organizaciones civiles buscan lo mismo que los alcaldes, mejorar las condiciones de vida de la gente”, indicó. Somos aliados de la autoridad municipal y sólo lo dejaríamos de ser cuando estén robando, desviando y beneficiando a sus cuates”.

Patricia McCarthy admitió que en Yucatán y México los ciudadanos no conocen sus derechos y por ello no pueden exigir. Ese es el primer punto que tienen que vencer y por ello organizan talleres de capacitación ciudadana.

Desde 1998, recordó, llega dinero del Ramo 33 para transformar el rostro de las zonas marginadas, la Auditoría Superior cada año reporta que hay desvío en este rubro y no se cumple con la norma, pero después de tantos años no pasa nada.

“La autoridad esta cómoda con no informar y los organismos no detectan ni sancionan”, apuntó la activista.- Joaquín Chan Caamal




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