Contraloría ciudadana

Varios municipios le ponen trabas al monitoreo cívico

José Honorio Cemé Euán, uno de los monitores ciudadanos que enfrentan trabas a su labor

Un proyecto que financia la Unión Europea sobre participación ciudadana y contraloría social enfrenta obstáculos en Tizimín, Motul y Sanahcat porque sus alcaldes, emanados del PRI, se niegan a trabajar con organizaciones de la sociedad civil.

La promotora del proyecto internacional, Paulina Gutiérrez Jiménez, coordinadora del Programa de Incubadora del Centro de Contraloría Social del Ciesas, escuchó de viva voz el rechazo, las amenazas y la cerrazón que enfrentan José Honorio Cemé Euán y Óscar Chan Dzul, de las agrupaciones “Muuch Aantaj yo’olol auntal kuxtal” y “U yich lu’um”, durante la aplicación del plan de vigilancia de los recursos del Ramo 33 y la educación de los ciudadanos sobre sus derechos que les concede la ley en materia de infraestructura social municipal.

Caso especial

El otro municipio yucateco sujeto a la vigilancia ciudadana es Mérida, pero el encargado de esta misión, la asociación civil Acciones Líderes, que dirige Arturo Cetina Bautista, reportó una abismal diferencia en cuanto a apertura, atención de los funcionarios municipales y facilidades para la obtención de información de las obras del Ramo 33.

Cetina Bautista dijo que la síndico del Ayuntamiento de Mérida, Lizbeth Estrada Osorio, es una gran facilitadora de documentos que solicita.

Paulina Gutiérrez informó que Yucatán, Chihuahua, Veracruz y Jalisco fueron incluidos en el proyecto de contraloría social de la Unión Europea, pero el último estado se excluyó porque ninguna asociación civil quiso investigar la posible corrupción en las compras municipales.

La coordinadora en Yucatán es Patricia McCarthy Caballero, del Frente Cívico Familiar, cuyas declaraciones daremos en otra entrega.- Joaquín Chan Caamal




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