Cartas al Diario

Recibimos una carta del licenciado en derecho David J. Vermont Arana que, entre otras cosas, dice:

El pasado domingo 22 de diciembre se publicó en la sección editorial del Diario un artículo por demás interesante, tanto por su actualidad como por el tema que aborda.

En él, Jesús Cantú expone argumentos por los que considera que la reforma constitucional en materia energética sí puede ser objeto de consulta popular y modificada por ese medio.

Hace una revisión de las tres razones principales en que se apoyan los legisladores, que por el contrario, manifiestan que el citado instrumento legal no es aplicable a la reforma energética: A) No existe legislación secundaria; B) Dicha reforma está vinculada a ingresos del país, y; C) Las reformas constitucionales no son materia de consulta popular. Respecto de cada una de ellas, expone argumentos con los que apoya la inconsistencia de las mismas.

Comparto en su totalidad la opinión del columnista cuando dice que es falso que dicha reforma esté vinculada a ingresos de la nación. Respecto a su afirmación que la falta de legislación secundaria en materia de consulta popular no es obstáculo para su aplicación, opino que si bien así ha sido resuelto en otros casos por los Tribunales Federales, en el caso concreto, dicha ausencia de ley secundaria sí hace inaplicable la consulta. El que esto escribe está en total desacuerdo con los argumentos de Jesús Cantú respecto a que las reformas constitucionales sí pueden ser materia de consulta popular.

Como bien dice el citado articulista, la falta de legislación secundaria no impide que lo prescrito en la Constitución sea materia de aplicación inmediata.

El problema, sin embargo, es que el vacío legislativo en este caso, redunda en que no se tenga certeza de cuáles son los fines y alcances del instrumento jurídico llamado en la Constitución como “consulta popular”.

Esa falta de precisión hace de suyo inaplicable dicho mecanismo para modificar las reformas que se comentan. En los casos en que los Tribunales Federales determinaron que aun en ausencia de ley secundaria las disposiciones constitucionales son aplicables, existe total claridad en cuanto a los fines de los instrumentos jurídicos en cuestión.

Pero creo que existe un motivo superior por el que es inaplicable la consulta para el caso que se comenta. La Constitución (y por ende sus reformas) no puede ser materia de revisión.

A esta conclusión se llega si se parte de un hecho aceptado casi de manera unánime en los Estados modernos, y que se repite frecuentemente: La constitución es norma suprema de cualquier sistema jurídico.

Bajo dicha teoría, las leyes secundarias expedidas por el Congreso pueden ser motivo de revisión para corroborar si con ellas no se violenta o contraría alguna disposición de la Constitución Federal.

La lógica de lo anterior estriba en un hecho que muchas veces nos pasa inadvertido, cuando menos en sus alcances: las leyes expedidas por el Congreso Federal son dictadas por la Nación en su conjunto a través de sus representantes democráticamente electos (cuando menos en teoría).

Como es obvio, dicha revisión no es factible hacerse de la constitución, pues esta no puede ser inconstitucional.

La doctrina moderna considera que las distintas partes de las constituciones -si bien conforman una norma unitaria- regulan situaciones, derechos y principios diversos, que en no pocas ocasiones pueden contraponerse o enfrentarse unas con otras.

Sin embargo, en estos casos, dichas discrepancias no pueden ser motivo de revisión como cuando se trata de leyes secundarias, sino que se debe aplicar el mecanismo que la doctrina le ha dado el nombre de “ponderación”. Esto es, cuando se enfrentan dos disposiciones de la propia constitución, el operador de la ley debe ponderar cúal de los dos principios es el que debe prevalecer sobre el otro, tomando a la Constitución en todo su contexto; pero de ninguna forma alguno de los dos se puede declarar fuera del marco jurídico.

Sin embargo, quizá el desconcierto y el olvido de su carácter de norma suprema y marco normativo de todo el resto del sistema de la Constitución se deba al exceso de reformas a la que es sometida en nuestro país (se reforma más que cualquier reglamento).

Pero pensar que por medio de la consulta popular se pueda modificar a la Constitución Federal es tanto como darle a dicho instrumento mayores atribuciones a los que en la actualidad tienen los procedimientos constitucionales que se siguen ante el Poder Judicial Federal.

Mérida, Yucatán

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