Busca Sedatu evitar adquisición irregular de ejidos

Imagen de archivo de Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).- (Foto Emanuel Rincón Becerra)

Imagen de archivo de Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).- (Foto Emanuel Rincón Becerra)

KANASÍN, Yucatán. (Notimex).- El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que detrás de numerosas inmobiliarias que participan en la adquisición irregular de ejidos, están ex funcionarios de la desaparecida Secretaría de la Reforma Agraria.

 En rueda de prensa, indicó que la dependencia a su cargo trabaja para evitar que inmobiliarias continúen con la práctica de aprovecharse de procedimientos de regularización de tierras mal hechos o sin concluir, para comprarlas y despojar a sus posesionarios de las mismas o demandar una ‘retribución’ por ellas.

 ’El problema de las empresas seguirá. Hay muchos ex funcionarios de la Reforma Agraria buscando indemnizaciones incompletas, buscando procedimientos mal hechos en los que la gente se confiaba’, subrayó.

 Explicó que previo a la presente administración federal ‘se impulsó la participación de empresas privadas en la regularización de la tierra, entonces en lugar de que expropiara la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), la empresa compraba’.

 El ejido, abundó el funcionario federal, gustosamente con tal de ganar una retribución, vende y no le importa que haya iglesias, bibliotecas, mercados, lo que hace es vender otra vez y la empresa paga, con lo que ya no hay un proceso de indemnización, ya no existe.

 ’Lo que hay entonces es un proceso, mediante el cual, la inmobiliaria les cobra a los vecinos que vivían en las tierras desde mucho antes que la empresa llegara a comprar, por presunta regularización. Es una práctica que estamos viendo y deteniendo’, abundó.

 Como caso emblemático, citó, se encuentra la Escuela Normal de Morelos ‘que hizo la expropiación, lo que no hizo fue terminarla y aprovechando de este espacio legal, una empresa asesora al ejido, le cobra, para realizar los trámites de recuperación de su tierra y desalojan a la Normal Superior.

 A cambio, expuso, solicitan 20 millones de pesos en indemnización, cuando hacer la escuela costó 10 millones de pesos.
 Ramírez Marín calificó este tipo de situaciones como ‘actitudes leoninas, abusivas, de empresas casi todas relacionadas con ex funcionarios de la Reforma Agraria. Hay denuncias en ese sentido particularmente en Morelos, San Luis Potosí y Quintana Roo’.

 A su vez, expuso que este el caso del ejido de Kanasín, en el cual inició hoy el proceso de regularización de casi 600 hectáreas, luego de pasar a manos del gobierno del estado provenientes de una firma particular.

 En este caso en particular, dijo que ‘la primera gran anomalía es que no se concretó el proceso regulatorio por parte del gobierno y eso está investigando la Corett, y pese que ahora se dará certeza jurídica a sus posesionarios –unas seis mil familias-, esta investigación y procedimiento judicial, continúan.

 Empero, reiteró que esta práctica continúa en otras partes de la República Mexicana, aunque durante 2013, el Registro Agrario Nacional (RAN) logró dar cauce a 234 mil trámites, con lo que el rezago en la atención de los casos es de cero.

 ’Una de las cosas y de las práctica que aprovechan esas empresas es que provocan que los trámite en los ejidos no se terminen y eso les permite entrar antes de que hubiera otras asambleas o se inscribieran los derechos de la gente’, puntualizó el funcionario federal.

 Ello, a través de una retribución económica al ejido, se quedaban con las tierras y esto es lo que estamos combatiendo con éxito en el caso de Yucatán.

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