“Batería” de amparos

Siguen los líos laborales en un comité pecuario

En los últimos años del gobierno anterior se dispuso el cese de numerosos empleados del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria. Su pecado, según reportan los afectados, fue formar un sindicato

Tres ex trabajadores del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán informan que, ante la serie de atropellos e irregularidades de ese organismo, en lo que va del año han tenido que presentar seis solicitudes de amparo a la justicia federal.

Son sólo tres promotores de juicios laborales contra el Comité Estatal, pero en realidad hay unas 20 demandas en curso, todas con el mismo origen: los despidos por la formación de un sindicato.

En su oportunidad informamos de esos despidos, que prácticamente llevaron al desmantelamiento de la estructura que soportaba a la Comisión para la Erradicación de la Tuberculosis, la Brucelosis y otras enfermedades de los bovinos en Yucatán.

Todo ese movimiento se concretó durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, pero la directiva del comité -con Edwin Novelo Ayuso a la cabeza- se mantiene sin cambios en la actual administración.

Hay dos casos en que la Junta Especial Número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje ordenó la reinstalación de los demandantes, pero el comité sólo simuló que cumplió la orden. Apenas se retiró el actuario de la junta dispuso de nuevo la baja de los trabajadores.

Los nuevos amparos, de acuerdo con los afectados, tienen su origen no sólo en la falta de cumplimiento del órgano encargado de la sanidad animal del Estado sino en la aparente complicidad de la junta de conciliación, que ha incurrido en actitudes extrañas y en resoluciones dudosas que obligan a demorar los procesos.

Los seis amparos en lo que va del año son de Jorge Armando Chi Chi, Juan Manuel Torres Torres y Mario Humberto Ávila Basulto, ex supervisores de la comisión vigilante de las enfermedades de los bovinos. Los dos primeros han obtenido laudos favorables, incluyendo la reinstalación ya citada, pero a la fecha siguen sin cumplirse los acuerdos, a pesar de que han transcurrido varios meses.

Jorge Armando Chi logró que la junta ordenara un embargo de bienes al comité y a tres de sus directivos: Novelo Ayuso, Miguel Arsenio Lara Sosa y Franklin Quiñones Ávila.

El cumplimiento está en suspenso porque la defensa del trabajador sólo incluyó en la relación de embargo bienes de poco valor, en todos los casos del interior del Estado, a pesar de que hay constancias de propiedades más caras que sí garantizan el pago que reclama el ex supervisor.

Precisamente ese proceso dejó al descubierto que los directivos del comité gozan de prestaciones que nunca se otorga al resto del personal, no obstante que buena parte de éste se enfrenta a actividades de riesgo por la naturaleza de su trabajo con las enfermedades bovinas.

Una de esas prestaciones, de créditos del Infonavit, fue motivo de una triangulación de Edwin Novelo.

Según datos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Novelo Ayuso adquirió el 30 de abril de 2012 la casa número 224 de la calle 61 del fraccionamiento Yucalpetén de esta ciudad. Para esa operación contrató créditos de $101,888.89 del Infonavit y de $559,650 de Banorte.

Sin embargo, la vendedora fue su propia esposa: Wendy Lizett Castro Peña. El crédito se quedó en familia y la operación fue inscrita en el Registro Público el 16 de junio de 2012. (Continuará).- ÁNGEL NOH ESTRADA

El conflicto en el comité de sanidad animal | Tres puntos

1 Todo comenzó con la formación de un sindicato

Primeros ceses

Con la formación de un sindicato, en 2009 se ordenaron los primeros despidos. La tendencia continuó en 2010. Los primeros en “caer” fueron los líderes del movimiento.

2 En peligro el estatus sanitario de Yucatán

Desmantelamiento

La medida puso en peligro el estatus sanitario de Yucatán, pues prácticamente se desmanteló la estructura que había erradicado varios males y conservado la situación estable.

3 Ahora están en curso las demandas laborales

Sin cumplimiento

En 2010 se presentaron las primeras demandas laborales por el conflicto. Hay por lo menos dos casos en que los demandantes obtuvieron laudos a su favor, pero no les cumplen.




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