Avalan el fallo de la fiscal

Una agrupación de abogados opina sobre el peculado

El presidente del Colegio de Abogados y Profesionales del Derecho de Yucatán, A.C., José L. Sánchez González, opina que los comentarios de la fiscal general, Celia Rivas Rodríguez, sobre la denuncia por peculado que presentó la actual Comuna contra funcionarios de la administración anterior están “ampliamente apegados a derecho y no existe en ellas sesgo alguno de pretender desvirtuar una realidad jurídica”.

En un escrito enviado al Diario, Sánchez González también dice que la directora de Gobernación de la Comuna, Lizette Mimenza Herrera, cita el artículo 222 del Código de Procedimientos en Materia Penal, que asienta cómo deben iniciarse los hechos denunciados, de oficio o por querella necesaria, pero no menciona el artículo 223 del mismo ordenamiento que asienta cómo debe proceder la autoridad sobre la investigación de los delitos del fuero común y qué excepciones limitan esta acción.

(En realidad Lizette Mimenza sí cita esa norma, incluso en una exposición que hizo ante directivos de Coparmex).”La fiscal general del Estado sí lo hace”, agrega Sánchez González. Una persona con su mismo nombre es jefe de asuntos legales de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas.En el escrito agrega lo siguiente:Pero además y como debe de ser, la maestra Celia Rivas no se queda estacionada en la lectura y contenido del Código en mención, acude a otros ordenamientos que en su conjunto le estructuran un sólido argumento que le da como resultado tomar una decisión basada en normas (plural) y no sólo en criterios subjetivos.Recordemos que si bien el derecho es interpretativo, en materia penal existe la exigencia de que su aplicación sea exegética, esto es, a la letra, lo que impide que existan criterios subjetivos.El argumento legal que la abogada Celia Rivas ha espetado con certeza jurídica, es más que suficiente para entender que -una vez más- el Ayuntamiento no sabe por dónde está caminando y al parecer, sólo atina a picar pleito a lo loco; no porque quiera defender los intereses de la población, sino para tratar de ocultar su incapacidad de gobernar; y cuando la realidad jurídica los alcanza para darles palo por no haber armado un expediente sólido, entonces acuden a su sobado jueguito de decir que no se les quiere hacer justicia o que esta está parcializada y entonces vienen las mentiras manipuladoras. ¡Eso no se vale! Ni a los ciudadanos comunes, ni a los empresarios ni a comerciantes, les podría convenir que en Yucatán se gesten movimientos sociales que alteren la paz pública porque todos saldríamos perdiendo. ¡Todos! Por ese motivo, le sugerimos al alcalde y corifeos que hagan un esfuerzo para que dentro de esos 150 millones que acaban de recibir de un nuevo préstamo bancario, destinen un pequeño recurso y busquen una asesoría legal suficientemente competente a efecto de que ya no sigan cometiendo más dislates ni recurran a la diatribia y al engaño, a la manipulación mediática para esconder esa incapacidad laboral a costa de generar confusión entre la sociedad. Se les puede revertir.Si de veras quieren transparentar cuentas en el Ayuntamiento, empiezen por las suyas y luego, busquen dentro de las herramientas legales todas aquellas múltiples opciones que hoy día existen para poder llevar al cabo un juicio real, verdadero y no un litigio periodístico como este asunto que ventila Renán Barrera junto con la señora Lizette Mimenza Herrera. Los meridanos no nos merecemos tamaña burla de una autoridad municipal.La Fiscal General del Estado ha venido entregando competentes y eficientes resultados y es muy difícil que pueda argumentar algo que perturbe la paz de la sociedad yucateca como pretenden hacer creer perversamente las autoridades municipales; tomemos en consideración que ella sí cuenta con un competente equipo de trabajo.




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