Ardid para burlar la ley

Ante un embargo, una oficina estatal devuelve un predio

Las demandas contra el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria fueron continuas desde mediados del gobierno anterior. En la actualidad se ventilan unos 20 juicios laborales contra el organismo

Para evadir el pago de indemnizaciones laborales, las autoridades del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán han recurrido no sólo a tácticas dilatorias sino a estrategias que atentan contra el propio organismo, según reportan ex supervisores de la Comisión para la Erradicación de la Tuberculosis, la Brucelosis y otras enfermedades de los bovinos.

Ayer publicamos que los ex trabajadores acusan al Comité de recurrir a más “chicanadas” para no hacer frente a las consecuencias de un despido masivo durante el gobierno anterior, en una acción que prácticamente desmanteló la estructura de vigilancia sanitaria y puso en riesgo el estatus de Yucatán en esa materia.

En la actualidad hay unos 20 juicios laborales contra el Comité. Hay por lo menos dos casos de laudos favorables a los demandantes, quienes deploran que ahora la Junta muestre inclinación a apoyar a la dependencia estatal, lo cual se palpa con recientes decisiones.

En la entrevista que concedieron en visita al Diario, los ex supervisores citan, con el respaldo de documentos, el siguiente caso como muestra de la lista de “chicanadas” del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria:

-En el laudo que favoreció al ex supervisor Jorge Armando Chi Chi, la Junta Especial Número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje condenó al Comité a pagarle al demandante $543,875 por concepto de salarios caídos y otras prestaciones que se le dejaron de proporcionar hasta el 20 de septiembre, cuando se supone que lo reinstalaron. Como ya publicamos, la reinstalación fue una simulación, porque el trabajador fue cesado de nuevo apenas se retiró el actuario de la institución laboral.

-La Junta también ordenó, en previsión de una negativa de pago, el embargo de bienes suficientes no sólo del Comité sino de sus directivos Miguel Arsenio Lara Sosa, Edwin Alfredo Novelo Ayuso y Franklin José Ávila Quiñones, quienes también figuraron en la demanda.

-Otro ex supervisor con laudo a su favor fue Juan Manuel Torres Torres.

-Al solicitar los embargos de propiedades al Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy), la ejecución sólo recayó en tres predios, todos rústicos: uno de Tixkokob, propiedad de Lara Sosa, y dos de Temax, de Ávila Quiñones.

-En un caso, para evadir el embargo, el Comité Estatal devolvió al Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) un terreno del polígono Caucel-Tixcacal Opichén que había recibido durante el gobierno de Patricio Patrón Laviada.

Esta maniobra, subrayan los ex trabajadores afectados, es completamente ilegal porque el Comité actuó con dolo al conocer con anticipación la resolución judicial. Ya están analizando las medidas legales que adoptarán.- ÁNGEL NOH ESTRADA




Volver arriba