Uruguay marca pauta en derechos de homosexuales

En abril de 2013, Uruguay aprobó un proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario, convirtiéndose en el segundo país de Latinoamérica en acoger esa medida después de Argentina.

LIMA (EFE).- Uruguay marca la pauta en la igualdad de los derechos de los homosexuales en la región debido a los cambios que ha hecho en su legislación, señaló hoy a Efe el representante de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el italiano Amerigo Incalcaterra.

“Yo creo que el que más ha avanzado es el caso de Uruguay, donde hay una completa y absoluta igualdad. Han logrado lo que deberíamos lograr en todas las legislaciones a nivel regional, una igualdad completa en materia de los derechos de las personas LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales)”, afirmó Incalcaterra.

En abril de 2013, Uruguay aprobó un proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario, convirtiéndose en el segundo país de Latinoamérica en acoger esa medida después de Argentina.

El funcionario de la ONU presentó este lunes en una rueda de prensa en Lima la campaña internacional “Libres e Iguales”, que promueve el respeto a los derechos de las personas de la comunidad LGBT.

La campaña “Libres e Iguales” recomienda cinco pasos a seguir por los Estados- proteger contra la violencia homofóbica, prevenir la tortura y tratos crueles de las personas LGBT, derogar leyes que penen la homosexualidad, prohibir la discriminación por orientación sexual o por identidad de género y salvaguardar la libertad de expresión de este grupo.

“Si se hace un análisis de los distintos países, hay algunos que han avanzado más, otros que están en camino y otros que están en plena discusión. En el caso de Perú, están en plena discusión porque hay varios proyectos de ley que se discuten en el ámbito parlamentario”, sostuvo.

El Congreso de Perú debate diversas iniciativas relacionadas a derechos patrimoniales de parejas homosexuales, e incluso una de ellas, el de la Unión Civil, plantea que éstas personas sean consideradas como familia.

Para Incalcaterra, que aún no haya una legislación al respecto en el país es “evidentemente una discriminación” para los grupos de personas LGBT.

“Debemos recordar mensajes básicos en derechos humanos. Si la declaración (universal) dice que todos y todas independientemente de cómo nacemos, nuestra raza, color, orientación sexual, etc. tenemos los mismos derechos, eso hay que hacerlo realidad, y esa es la responsabilidad”, expresó.

Incalcaterra señaló que es “preocupante” que se haya registrado en un informe de la Defensoría del Pueblo que 14 miembros de la comunidad LGBT de Perú fueron asesinados entre enero de 2013 y marzo de 2014, “no solamente por las muertes, sino por la condición en que se producen estas muertes”.

“Hay que tipificar claramente el delito de homofobia y transfobia (odio hacia las personas transgénero), delitos de incitación al odio”, resaltó.

Según datos de las Naciones Unidas, en 76 países existen leyes discriminatorias que tipifican como delito las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

En países como Irán, Mauritania, Arabia Saudita, Sudán y Yemen la homosexualidad se castiga con la pena de muerte, mientras que en ciertas regiones de Somalia y Nigeria, esta medida puede ser aplicada por tribunales religiosos.

La coordinadora residente del Sistema ONU en el Perú, Rebeca Arias, que también asistió a la rueda de prensa, expresó que los derechos de la comunidad LGBT no son especiales, sino son parte de los “derechos humanos”.

Durante la conferencia, la directora de la organización Promsex, Susana Chávez, señaló que se ha conseguido en Perú “posicionar en la agenda política el necesario reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales, bisexuales y transexuales”.

Por su parte, el director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Perú, Roger Rodríguez, también asistente a la reunión, manifestó que es necesario que los funcionarios públicos “repiensen” su rol y que separen “su pensamiento religioso del estatal” para no afectar los derechos de las personas LGBT. EFE




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