Pese a su promesa a los migrantes, Obama aumenta las deportaciones de indocumentados

NUEVA YORK (The New York Times).— Con el gobierno de Estados Unidos deportando inmigrantes ilegales a una velocidad récord, el presidente Barack Obama ha declarado que su administración está tras “los criminales, pandilleros, gente que está dañando a la comunidad, y no tras los estudiantes o la gente que está aquí por que están tratando de hallar una manera de alimentar a sus familias”.

Sin embargo, un análisis de The New York Times acerca de las estadísticas en cuanto a deportaciones, revela que desde que Obama está en la presidencia, dos tercios de cerca de dos millones de casos de repatriaciones involucran a personas que han cometido delitos e infracciones menores incluyendo violaciones de tránsito y que además no tenían antecedente criminal alguno.

Según el estudio del periódico neoyorquino, solo el 20% de las deportaciones durante el régimen de Barack Obama son de gente que cometió delitos graves, incluyendo ilícitos relacionados con el tráfico de drogas.

Obama llegó a la Casa Blanca prometiendo una amplia reforma migratoria, pero al carecer del apoyo suficiente para cumplir su palabra, su administración comenzó a enfocarse en hacer más estrecho su objetivo y así repatriar a los criminales peligrosos. Sin embargo, las estadísticas muestran que la red de deportaciones en realidad creció para centrarse cada vez más en los migrantes con antecedentes penales menores o en aquellos que no cuentan con ese tipo de historial.

Declaraciones de ex empleados de gobierno y actuales funcionarios públicos, así como abogados especializados en migración, muestran a un presidente que trata de conservar a sus simpatizantes al tiempo que busca mostrar a sus adversarios políticos que será implacable con aquellos que han roto la ley ingresando al país de manera ilegal.

 

En ese contexto, mientras la frustración crece entre los grupos de migrantes, el presidente Obama ha sostenido una serie de tensas reuniones privadas en la Casa Blanca, en las que advirtió a activistas que sus protestas públicas estaban debilitando su imagen, haciéndole más difícil llegar un acuerdo respecto a la reforma migratoria. Al mismo tiempo, los adversarios del mandatario en el Congreso insisten en que los esfuerzos de Obama en cuanto a deportaciones no son suficientes.

El hecho es que, a cinco años de mandato, ninguna de las partes está satisfecha.

“Hubiera sido mejor para el gobierno el enunciar sus intenciones de ejecutar las deportaciones claramente y sujetarse a ellas, en lugar de inclinarse al lado que pareciera políticamente conveniente en un momento dado”, comentó David Martin, subdirector del Consejo del Departamento de Seguridad Nacional hasta diciembre de 2010.

“Ellos (el gobierno) perdieron toda credibilidad en cuanto al cumplimiento de las expatriaciones, dejando que los activistas creyeran que podrían tener más concesiones si solo culpaban a Obama. Era ilusorio pensar que el gobierno podría tener contentos a todos”, apuntó el ex funcionario.

De acuerdo con varios estudios de estadísticas de las cortes de Estados Unidos, así como reportes de anécdotas, en los últimos años ha surgido la pregunta acerca de quiénes han sido deportados por los oficiales encargados de ello.

El análisis de The New York Times se basa en información del gobierno que abarca más de 3.2 millones de deportaciones en más de 10 años, obtenida de acuerdo con el Acta de Libertad a la Información y ofrece un panorama detallado de las expatriaciones realizadas durante la administración de Barack Obama.

De acuerdo con el estudio de esa información, la población que está siendo deportada hoy en día, no es muy diferente a la que ha sido expulsada de Estados Unidos en los últimos años. La mayoría de ellos son hombres de origen mexicano de menos de 35 años. No obstante, muchas de las circunstancias que rodean esas deportaciones han cambiado.

Los récords muestran que los mayores incrementos en expatriaciones involucran a aquellos inmigrantes cuya ofensa más grave fue una infracción de tránsito, incluyendo el conducir bajo los efectos del alcohol o de drogas.

Esos casos han aumentado de 43,000 durante los últimos cinco años del gobierno de George W. Bush, a 193,000 en los cinco años en que Obama ha estado al frente del país. En ese mismo periodo, las deportaciones relacionadas con gente que ha ingresado por primera o segunda vez a Estados Unidos de manera ilícita, han incrementado a más de 188,000 casos bajo el mandato de Obama.

La información analizada por el diario neoyorquino también refleja la decisión del actual gobierno de levantar cargos contra aquellos migrantes que previamente habían sido expulsados del país sin que se les acusada de delito alguno.

En el último año de la administración de Bush, más de la cuarta parte de aquellos que fueron atrapados en los Estados Unidos sin antecedentes criminales fueron devueltos a sus países de origen sin levantarles cargos.

En 2013, fueron levantadas acusaciones formales en más del 90% de esos casos, lo cual le prohibe a los inmigrantes regresar a Estados Unidos en por lo menos cinco años, y en caso de hacerlo, se exponen a pasar algún tiempo en prisión.

“Por años, el discurso del gobierno de Obama ha sido que simplemente están deportando a los “extranjeros criminales”, pero los números hablan por si mismos”, declaró Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración.

“En verdad, esta administración, más que ninguna otra, ha devastado las comunidades de inmigrantes en todo el país, separando a las familias de sus seres queridos tan solo por manejar sin licencia de conducir o por regresar al país deseperados tratando de reunirse con sus parientes”, apuntó la entrevistada.

Funcionarios de gobierno aseguran que las deportaciones son el resultado de una década en la cual el Congreso ha aprobado leyes de inmigración más severas, un aumento en el presupuesto para cumplir las deportaciones, y esfuerzos obstaculizados para trazar un sendero hacia una residencia legal para los 11.5 millones de migrantes que permanecen de manera ilícita en Estados Unidos.

“El presidente está preocupado respecto de el costo humano de separar familias”, señala Cecilia Muñoz, consejera de la Casa Blanca en cuestiones de políticas internas. “Sin embargo, también es cierto que no puedes simplemente presionar un botón para que esa situación se detenga”, apuntó.




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