La inyección letal, su origen y sus componentes, a debate en EE.UU.

Damià Bonmatí

AUSTIN (EFE).— La ejecución con complicaciones de un preso el martes en Oklahoma ha marcado un nuevo episodio en el debate abierto en Estados Unidos sobre los cambios en las sustancias empleadas para la inyección letal y la falta de información respecto a los proveedores de los fármacos.

En la ejecución de Clayton Lockett se evidenció más todavía la controversia- no sólo porque los funcionarios intentaron pararla en vano ante las complicaciones, sino porque las autoridades pospusieron otro ajusticiamiento previsto para ese mismo día para poder revisar el procedimiento e investigar qué pasó.

Estados Unidos es el quinto país del mundo con más ejecuciones y buena parte de los 32 estados donde está vigente la pena capital afronta desde 2010 problemas para conseguir los fármacos necesarios para fabricar la fórmula tradicional de la inyección letal.

Por un lado, los proveedores europeos han cortado en los últimos años el suministro de sus fármacos para que no sean usados en las salas de ejecuciones.

Por otro, los abogados de los condenados y los oponentes de la pena de muerte han virado sus quejas en los últimos meses hacia la falta de información sobre cómo se ejecuta a los presos.

Y a su vez, desde enero, algunos testimonios han advertido de jadeos de sufrimiento y palabras entrecortadas de dolor en más de una ejecución, incluida la de este martes en el estado sureño de Oklahoma. “Siento mi cuerpo entero quemando”, dijo un reo en enero, segundos antes de morir.

Hasta 2010, la mayoría de estados usaba una fórmula para la inyección letal que contenía tres fármacos- uno con efecto anestésico, otro que paralizaba los músculos y uno tercero que paraba el corazón.

Sin embargo, la falta de existencias en algunos estados de estas sustancias se topó con un cambio de actitud de los productores farmacéuticos europeos que habían proveído tradicionalmente este tipo de componentes químicos.

Grandes firmas europeas se oponen a que sus fármacos -que pueden ser anestésicos usados en operaciones cotidianas de hospital- se vendan para que sean administrados en una inyección letal.

En la Unión Europea, ya en 2005, se aprobó un reglamento que establece un régimen de exportaciones más severo y controlado para aquellas sustancias que puedan ser usadas en países terceros para practicar la pena capital o la tortura, ambas prohibidas en Europa.

Ante la falta de existencias y los cortes de suministro europeos, los estados han buscado en los últimos años nuevos suministros para seguir administrando la inyección letal.

Según el observatorio Death Penalty Information Center, algunos estados han dejado de depender de las farmacéuticas y han optado por recurrir a las farmacias de compuestos en Estados Unidos, centros que combinan varios fármacos, los alteran o producen nuevas fórmulas que imitan a medicamentos en el mercado.

Aunque en algunos casos se desconoce, el observatorio de la pena de muerte tiene constancia de que los servicios penitenciarios de estados como Colorado, Georgia, Texas, Ohio y Misuri, entre otros, compran la inyección letal a este tipo de empresas.

En 2013 se dieron pasos para controlar mejor estos centros, tras un brote de meningitis que se atribuyó a unas vacunas producidas en una farmacia de compuestos en Massachusetts. Pese a ello, los controles y las regulaciones siguen siendo menores que para las farmacéuticas.

Han cambiado los proveedores y también las fórmulas, que difieren de un estado a otro. Algunos estados usan dosis letales de anestésico, otras el fármaco pentobarbital y hay casos en los que se usan composiciones entre varias sustancias.

Este último concuerda con la problemática ejecución este martes en Oklahoma, donde las autoridades usaron por primera vez el fármaco midazolam como parte de una inyección letal de tres componentes, una fórmula que ya se había empleado en Florida.

Pero, para no repetir el boicot de las compañías, varios estados recurren a las llamadas leyes de secretismo para no revelar públicamente qué empresas les proporcionan los fármacos con los que se ejecuta a los presos.

Esta falta de información es la que ha iniciado numerosos procesos judiciales en varios estados y en algunos casos, como en Georgia, se consiguió que la justicia dictaminara que los datos tenían que ser publicados.

Sin embargo, tanto en Oklahoma, donde se produjo la problemática ejecución de este martes, como en Texas, donde se ajusticia al mayor número de presos del país, los intentos judiciales para posponer las ejecuciones por la falta de información fracasaron.

Es más, para uno de los peticionarios en Texas este abril, cuyo caso llegó al Tribunal Supremo, este desestimó los argumentos sobre la opacidad y la ejecución acabó produciéndose.

Los demandantes suelen justificar que la Octava Enmienda a la Constitución estadounidense prohíbe el castigo “cruel e inusual” a los presos, un punto que no puede garantizarse sin información sobre el origen de la inyección letal, argumentan.

Los defensores -por ejemplo, los fiscales generales de los estados- alegan que no es posible determinar que si el dolor en la ejecución es usual o no.




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