La crisis refuerza los controles a la inmigración

Los controles sobre la inmigración se han reforzado casi de una forma generalizada en los países desarrollados por el aumento del flujo migratorio debido a la crisis económica o los conflictos.

En muchos casos, especialmente en los países de la Unión Europea, a los controles policiales a la inmigración se han sumado los recortes en el acceso a los beneficios sociales.

En Alemania, pese a que en los primeros meses del año ha habido un aumento cercano al 70 por ciento en la llegada de inmigrantes, se mantienen las mismas estrategias de control de la inmigración ilegal desde hace años.

De momento, la discusión se concentra más en los posibles abusos del sistema social alemán por parte de inmigrantes de países de la Unión Europea (UE) y el gobierno ha introducido algunas restricciones al cobro de determinados subsidios.

También en el Reino Unido se han anunciado medidas para dificultar el acceso de los extranjeros al subsidio de desempleo, la sanidad y las ayudas para la vivienda.

Según estas medidas, los ciudadanos europeos no podrán cobrar el subsidio de desempleo durante los tres primeros meses de estancia en el país y después deberán demostrar que son residentes habituales con intención de establecerse en el Reino Unido.

Mientras estén desempleados, los inmigrantes recién llegados no podrán reclamar ayuda de vivienda y el subsidio de paro expirará a los seis meses si no tienen perspectivas de encontrar trabajo.

En Francia, el actual gobierno revocó las “ayudas al retorno humanitario” de 300 euros por inmigrante en situación irregular que aceptaba volver a su país, mientras mantuvo la política de expulsiones y de desmantelamiento de campamentos de gitanos.

A esas ayudas se acogieron en 2012 unas 12.000 personas, según datos oficiales, esencialmente gitanos rumanos y búlgaros, muchos de los cuales volvieron luego a Francia al ser ciudadanos europeos con derecho a la libertad de movimientos.

Italia, puerta de Europa para muchos inmigrantes por su proximidad al norte de África, puso en marcha el 18 de octubre un programa de vigilancia en el Canal de Sicilia con el nombre de “Mare Nostrum”.

La operación comenzó a raíz del naufragio en el que perdieron la vida en octubre pasado 339 somalís y eritreos en aguas de la isla italiana de Lampedusa.

Mientras, en Bulgaria el gobierno decidió en noviembre pasado levantar una valla de entre 30 y 50 kilómetros a lo largo de su frontera con Turquía para evitar la llegada de refugiados.

El país balcánico, que tiene una frontera común con Turquía de 274 kilómetros, vivió en 2013 un fuerte aumento de inmigrantes ilegales, procedentes sobre todo de Siria.

La construcción del primer tramo de la valla, de unos tres metros de altura, se inició la semana pasada, y el Ejército ha colocado alambre de espino en la frontera situada en la región de Elhovo, por donde suelen entrar los inmigrantes ilegales.

Turquía por su posición geográfica es lugar de paso para inmigrantes y refugiados de Asia, pero también de África, cuyo destino suele ser Grecia, que forma parte del espacio Schengen.

Turquía arresta anualmente más de 10.000 indocumentados en la frontera griega y los traslada a centros de retención temporal pero los suele liberar a los dos meses por falta de espacio.

Grecia decidió erigir a finales de 2012 una valla de 10,3 kilómetros de longitud, 4 metros de alto y reforzada por dos millares de guardias, en la frontera terrestre con Turquía para frenar la afluencia masiva de inmigrantes irregulares, y creó un cuerpo policial encargado de la inmigración irregular en las principales ciudades.

Pese a ello y a que la inmigración por vía terrestre se ha reducido sensiblemente, Grecia continúa siendo, después de Italia, el principal punto de entrada hacia la Unión Europea.

Ahora, las rutas migratorias se han desplazado al mar, y los inmigrantes utilizan las aguas entre la costa occidental de Turquía y las islas griegas del de Marzo Egeo para acceder a este país, una ruta mucho más peligrosa que ha causado centenares de muertes.

La Guardia Costera griega ha sido acusada de devolver las pateras a aguas turcas de forma ilegal y está en el foco de las críticas, especialmente desde que el pasado enero doce inmigrantes se ahogasen mientras eran remolcados a puerto por los guardacostas.

El Gobierno griego, que actualmente ostenta la presidencia de la Unión Europea, considera que asume una carga excesiva en la gestión de la inmigración irregular y quisiera lograr un reparto más equitativo entre los países miembros.

En Estados Unidos, donde se calcula que viven once millones de indocumentados, procedentes sobre todo de México y Centroamérica, el debate sobre la inmigración clandestina es uno de los más vivos.

Los escasos resultados de la anterior reforma migratoria llevaron a un modelo de férreo control policial en la inmensa frontera con México.

Con el nuevo esquema, se levantó un muro fronterizo, cuya construcción se inició en 1994 y que tiene en la actualidad 3.360 kilómetros de longitud, que incluye tres paredes de contención, iluminación de muy elevada intensidad, detectores de movimiento, sensores electrónicos y equipos con visión nocturna conectados a la Patrulla Fronteriza.

En la zona fronteriza existe además una vigilancia permanente de patrulleros con camionetas todoterreno y helicópteros artillados.

Para la seguridad fronteriza, el presidente estadounidense, Barak Obama, ha pedido recientemente al Congreso 12.764 millones de dólares dentro del presupuesto para el año fiscal de 2015. —EFE




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