Ex notaria de EE.UU. se declarará culpable de estafa a inmigrantes

DENVER, Estados Unidos (EFE).- Una exnotaria de Idaho, acusada hace cuatro años de haber estafado a decenas de inmigrantes mexicanos al hacerse pasar como abogada, se declarará culpable de dos de los cargos en su contra y podría ser condenada hasta 20 años en prisión, divulgó hoy la Corte Federal de Distrito en Boise.

Según la corte, Celia Pérez, de 40 años y residente en Jerome, a unas 114 millas al sureste de Boise, decidió cambiar su declaración de “no culpable”, que había presentado en octubre pasado, y pidió que se le permita declararse culpable de dos acusaciones de fraude por correo.

La información, publicada esta mañana por la prensa local, revela que Pérez y la fiscalía federal llegaron al acuerdo para modificar la declaración el pasado lunes 3 de febrero y que el trámite se concretará oficialmente el próximo miércoles 12 de febrero.

Las investigaciones de los supuestos ilícitos de Pérez comenzaron en agosto de 2009 y enero de 2010. La fiscalía federal en Idaho acusó formalmente a Pérez de haber realizado publicidad presentándose como “consultora de inmigración y naturalización” para engañar a por lo menos 30 familias inmigrantes, de quienes Pérez habría recibido decenas de miles de dólares.
En su documento, la fiscalía calificó la acción de Pérez como “conducta inadmisible” y pidió, además de la sentencia carcelaria correspondiente, que se exija a Pérez la devolución del dinero a los afectados y el pago de los gastos de restitución.

El documento de la fiscalía afirma que Pérez se aprovechó a sabiendas de personas “incapaces de proteger sus propios intereses debido a su ignorancia, analfabetismo, incapacidad para entender inglés o factores similares”.

Pérez, que creció en Idaho, trabajó como notaria de 2003 a 2009. Se cree que las supuestas estafas habrían comenzado en 2004. En 2009, uno de los presuntos estafados la denunció, lo que provocó la intervención primero de la policía local y luego de las autoridades estatales y federales, al comprobarse que Pérez tenía clientes en otros estados.

Esas investigaciones determinaron que los precios que Pérez cobraba (hasta 28.000 dólares por caso) “excedían en mucho” los precios de los propios abogados y la beneficiaban “exclusivamente a ella”, ya que los servicios prometidos nunca se cumplieron.

En octubre pasado, la juez Candy Dale, a cargo del caso, aceptó la declaración de no culpabilidad de Pérez, quien quedó en libertad pero sin poder salir de Idaho y con la obligación de llevar puesto un brazalete de monitoreo. De igual manera, se le prohibió el uso de las computadoras, el acceso a internet y se le ordenó entregar su pasaporte.

El juicio contra Pérez estaba previsto para diciembre pasado, pero, aparentemente por nueva evidencia en su contra en dos casos (uno de Arizona y otro de California), Pérez habría decido evitar el juicio y declararse culpable.




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