Buscan legisladores fondos para enfrentar orden judicial por SB-1070

Buscan legisladores fondos para enfrentar orden judicial por SB-1070

 

DALLAS (Notimex).- Líderes republicanos en ambas cámaras de la legislatura de Arizona desean que contribuyentes de la entidad paguen los costos de la defensa legal de legisladores, que enfrentan órdenes judiciales para confiscar sus correos electrónicos vinculados con la Ley SB 1070.

La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos invalidó las partes principales de la ley anti inmigrante en 2012.

Las órdenes judiciales, enfocadas a la correspondencia legislativa, de campaña y personal de 21 integrantes y ex integrantes de la Cámara de Representantes y del Senado de Arizona, fueron emitidas a petición de la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) que busca ahora anular las partes de la SB 1070 que si fueron autorizadas.

La ACLU pretende obtener por la vía legal la correspondencia de los legisladores para demostrar que estos promovieron la aprobación de la SB 1070 motivados por prejuicios raciales y no por temores de conducta delictiva.

Eso violaría la cláusula de igual protección de la Constitución de Estados Unidos.

Las citaciones buscan comunicaciones que contienen términos como “inmigrante”, “ilegales”, “indocumentados”, “jornalero” y “mexicano”, entre otros.

Las órdenes judiciales para entregar la correspondencia legislativa son una expedición de pesca de la ACLU diseñada para hostigar a los miembros que apoyaron la ley de 2010, dijo el presidente del Senado de Arizona, Andy Biggs.

Biggs informó que se buscará impulsar una legislación en el Senado y en la Cámara de Representantes autorizando 100 mil dólares para pagar abogados privados que combatan las órdenes.

Explicó que de no ser así, algunos ahora ex miembros de la legislatura tendrían que luchar con sus propios fondos por las acciones que asumieron durante su mandato.

“Es moral y es lo que hay que hacer”, dijo Biggs. “La gente estaba simplemente haciendo su trabajo. Ahora están en puestos de trabajo privados y se encuentran en una situación de cacería de brujas”.

Dijo que algunas de las órdenes fueron emitidas a los legisladores que no estaban aún en la Legislatura, cuando se aprobó la ley.

El caucus republicano en el Senado discutió el tema y propuso la legislación en una sesión a puerta cerrada el martes.

La juez federal Susan Bolton, rechazó el mes pasado el argumento de que las comunicaciones de los partidarios de la SB 1070 a los correos oficiales de los legisladores eran confidenciales.

 




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