Ley antiboicot vuelve al Tribunal Supremo israelí en medio de la polémica

 

JERUSALÉN (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Israel escuchará el domingo los argumentos de varias organizaciones de la sociedad civil israelí que exigen la anulación de la ley anti-boicot aprobada en 2011, ya que en su opinión viola la libertad de expresión.

La citada ley permite emprender acciones legales contra toda organización o individuo que promueva el boicot a productos israelíes procedentes de las colonias -ilegales según el derecho internacional- o a la economía israelí en general.

Igualmente habilita al ministerio de Finanzas a imponer sanciones financieras -incluida la retirada de la exención de tasas- a aquellas ONG que alienten el boicot.

En un comunicado difundido hoy, la Asociación Israelí de Derechos Civiles (ACRI) recuerda que los demandantes -entre los que se halla- creen que “la ley supone un coste para la legítima expresión política y daña el debate político sobre asuntos más controvertidos”.

“Viola el derecho constitucional a la libertad de expresión, así como los derechos a la dignidad y la igualdad, al tiempo que crea confusión intencionada entre expresiones de oposición al gobierno y expresiones que dañan al Estado”, agrega.

Criticada antes y después de su aprobación en la Knesset (parlamento), la ACRI recuerda que la ley anti boicot ya ha sido condenada por organizaciones internacionales, la Unión Europea y la administración de EEUU.

Esta segunda vista sobre el caso coincide con el nerviosismo que comienza a cundir en el Ejecutivo israelí por el incremento de los llamamientos internacionales al boicot, si no se llega a un acuerdo de paz con los palestinos.

Políticos y diplomáticos europeos han advertido a Israel de que podría pagar el precio de un nuevo fracaso en las negociaciones, en un momento en el que algunas grandes entidades financieras europeas han comenzado a retirar las inversiones en empresas y bancos israelíes que operan en los territorios ocupados.

El incremento del boicot, animado por la plataforma BDS -que compara a Israel con la Sudáfrica del Apartheid- condujo esta semana al primer ministro, Benjamin Netanyahu, a celebrar una reunión extraordinaria sobre el tema, de la que se excluyó a los ministros que creen que la acción es peligrosa para la economía nacional.




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