Víctimas de ETA piden investigar a líderes banda por lesa humanidad

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), Consuelo Ordoñez (d); Josu Puelles (i), hermano del policía nacional Eduardo Puelles asesinado por ETA y Toñi Santiago (2i) y José Martínez (2d), los padres de Silvia Martínez, la niña asesinada en agosto de 2002 cuando tenía 6 años, en el exterior del la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.- (EFE)

LA HAYA (EFE).- El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) solicitó hoy a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya que investigue a tres dirigentes de Batasuna, el ilegalizado brazo político de ETA, y a ocho destacados miembros de la banda terrorista por crímenes de lesa humanidad.

“En España desde 2002, que es cuando se firmó el Estatuto de Roma, se tenía que haber cambiado la calificación de los crímenes de ETA por ‘crímenes de lesa humanidad’ porque cumplen perfectamente las definiciones del Estatuto”, señaló a Efe la presidenta de este colectivo, Consuelo Ordóñez, tras acudir a la CPI.

Según Ordóñez, en España no se ha cambiado esa definición hasta ahora “porque no interesa”.

“Salvo (el Gobierno de José María) Aznar, que es el que más empeño puso en acabar con el Estado de derecho con ETA, el resto de Gobiernos siempre ha intentado acabar con ETA a través de la negociación”, sostuvo Ordóñez.

El Ejecutivo que lidera en la actualidad Mariano Rajoy “no ha negociado con ETA, por supuesto, pero está negociando con los que han negociado directamente”, dijo la presidenta de Covite.

Este colectivo, contrario a toda negociación con la banda terrorista, entiende que si la CPI finalmente calificase los crímenes de ETA como de lesa humanidad, esto cerraría la puerta a todo contacto con sus dirigentes.

Supondría, en concreto, que los delitos no prescribirían y tendrían que ser investigados.

“Una calificación en este sentido implicaría que el tema de la negociación estaría totalmente descartado”, resumió Ordóñez al indicar que incluso “se perseguiría”.

En este contexto, Covite pide que por el momento se paralice todo contacto con ETA hasta que se pronuncie la CPI, un proceso que puede demorarse dos meses y cuyo resultado será completamente confidencial, según explicaron fuentes de la corte al colectivo.

Además de Ordóñez acudieron a La Haya en representación de Covite, Josu Puelles, hermano del policía nacional Eduardo Puelles asesinado por ETA, y los padres de Silvia Martínez, la niña asesinada en agosto de 2002 cuando tenía 6 años.

Todos ellos han entregado en la oficina del fiscal un extenso escrito jurídico en el que justifican que las once personas que señalan han sido destacados dirigentes de “la organización ETA-Batasuna” a partir del 1 de junio de 2002, fecha en la que España ratificó el Estatuto de Roma de la CPI.

Los once acusados por Covite son los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Pernando Barrena, así como los integrantes de la banda terrorista José Antonio Urritikoetxea “Josu Ternera”, José Luis Eciolaza “Dienteputo”, Tomás Elorriaga “Teo”, Juan Cruz Maiztegui “Pastor”, Eusebio Arzallus, Rafael Santiago Azcolain, Iratxe Sorzabal y David Plá.

Covite explica que todos ellos propiciaron la comisión de “crímenes de lesa humanidad” que no han prescrito y que consistieron en un “ataque sistemático contra la población civil” sin que hubiera “un conflicto armado” puesto que “nunca intervinieron las fuerzas armadas” en este ataque, dado que la Guardia Civil sólo se considera como tal cuando cumple misiones de carácter militar.

Justifica que la “rama política” de ETA, es decir Batasuna, ilegalizada en 2003, planificó estos crímenes en una estrategia que denominó “socialización del sufrimiento”.

Recuerda el escrito que desde junio de 2002 ETA perpetró 292 “asesinatos selectivos”, más de “40.000 personas al año fueron víctimas de persecución”, y casi otras “200.000 personas tuvieron que abandonar” el País Vasco por esta situación, es decir “aproximadamente el 10 % de la población” vasca.

El texto entregado en la Fiscalía señala que “estos actos contra los derechos humanos también pudieran constituir un delito de genocidio al haber sido perpetrados con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico o racial”.

Respecto a los tres dirigentes de Batasuna asegura el documento que desde junio de 2002 “han seguido desempeñando una constante labor de reparto funcional de tareas y en coordinación (más bien subordinación) con la banda terrorista ETA”.

Covite considera que hasta ahora “no se ha investigado ni perseguido a los más altos responsables” de ETA ni a los “ideólogos” de la banda.

Agrega que la mayor parte de las veces las investigaciones se han limitado a la búsqueda de los autores materiales de atentados concretos, “como si de hechos aislados se tratara”, y ninguno de los once dirigentes acusados en este escrito han sido enjuiciados por crímenes de lesa humanidad.




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