En las zonas controladas por los prorrusos ha desaparecido la ley y el orden

 

Marta Hurtado

GINEBRA (EFE).- El orden público y el respeto de la ley ha desaparecido en las zonas controladas por los grupos armados prorrusos en el este de Ucrania, donde se violan impunemente los derechos humanos de la población y donde se libran unos combates que ya han causado la muerte de, al menos, 356 personas.

Este es el resumen de la situación en la región oriental del país, según el análisis hecho por los 34 observadores de derechos humanos desplegados por Naciones Unidas en marzo pasado para evaluar el respeto a las leyes fundamentales, tras el levantamiento de los grupos armados prorrusos.

El informe -el tercero que han elaborado desde que se desplegaron- comprende el periodo entre el 7 de mayo y el 7 de junio, un mes en que “la situación ha continuado degradándose”.

El texto denuncia el aumento incesante de las violaciones a los derechos humanos y la escalada de violencia e intimidación en la región.

Uno de los aspectos más destacados en el informe es el hecho que las violaciones a los derechos humanos no se limitan ya a activistas, políticos y periodistas, sino que afectan también a la gente corriente.

“El aumento de la actividad criminal con abusos de derechos humanos no se limita a los periodistas, cargos electos, funcionarios o activistas de la sociedad civil. Los secuestros, las detenciones, los actos de malos tratos y torturas, y las muertes perpetradas por los grupos armados afectan en la actualidad a la población en general de las regiones orientales”.

“La presencia de individuos armados y de armas ha aumentado” tanto en la región de Donetsk como en la de Luhansk, explicita el trabajo, que recuerda que “representantes de la República Popular de Donetsk han reconocido la presencia en el seno de sus grupos armados de personas de la Federación Rusa”.

El informe señala que algunos de estos rusos provienen de Chechenia y de otras zonas del Cáucaso norte.

Esta situación ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares en estas dos regiones, tanto por miedo, como por intimidaciones reales.

Según los últimos datos de la ONU, cerca de 20.000 personas ya habrían huido, una cifra que podría elevarse a más de 30.000, según las últimas estimaciones.

“Hablamos de personas que han huido, pero debemos hablar también de aquellas que querrían irse y no lo hacen porque directamente se lo impiden los grupos armados, o por miedo a que sean atacados si lo intentan”, afirmó en una rueda de prensa de presentación del informe Gianni Magazzeni, jefe de la sección de Asia central del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Magazzeni dijo conocer casos de personas que fueron asesinadas a sangre fría en controles fronterizos por el simple hecho de intentar huir de los combates.

Según la misión de observadores, desde el 11 de abril hasta el 14 de junio se han contabilizado 356 muertes relacionadas con el conflicto.

Esa cifra la conforman 257 cadáveres, de ellos 14 son de niños, contados por el Ministerio de Sanidad, 11 personas que murieron en los enfrentamientos en Mariupol, otras 2 en Donbas y otras 86, en este caso militares, entre los que se incluyen los que viajaban en un avión abatido esta semana.

Magazzeni no pudo clarificar cuántos combatientes de grupos prorusos se pueden contabilizar entre los 257 cadáveres registrados por el Ministerio de Sanidad, ni cuántas personas murieron en acciones de oposición a los insurgentes, o cuántas eran simples civiles.

Además, el funcionario reconoció que la cifra puede estar subestimada dada la imposibilidad de hacer un recuento fiable.

El cálculo elaborado por la comisión también se refiere a personas que han sido detenidas arbitrariamente y secuestradas.

En total han contabilizado 222 raptos, de los cuales 4 secuestrados murieron, 137 fueron liberadas, y aún quedan 81 en cautiverio.

“Hemos podido hablar con algunos de los detenidos y posteriormente liberados que denunciaron malos tratos, trabajos forzados, torturas, e incluso ejecuciones sumarias”, afirmó Magazzeni.

El informe también se refiere a la situación en Crimea y a la introducción de la legislación de la Federación Rusa.

El texto recuerda que esta implementación contradice lo establecido por el derecho internacional.

El documento concluye con la recomendación de que todas las partes implicadas en el conflicto depongan las armas y entablen un diálogo que lleve a la reconciliación.

 




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